El juicio del caso de la casa del Rocío se reanudó ayer con las declaraciones de hasta cinco imputados, cuatro técnicos municipales y el que fuera responsable político de los planes especiales de las zonas norte y sur, Antonio Sánchez. Si en la jornada inicial el procedimiento se centró en las obras de reforma de la casa de la aldea almonteña, en este caso las preguntas del Ministerio Fiscal abundaron en las actuaciones ejecutadas en barrios de los distritos norte y sur que motivaron la duplicación de facturas de las empresas de Grimaldi con las que supuestamente se pagaron las obras de la casa del Rocío.

Antonio Sánchez fue categórico cuando aseguró que en ningún momento el área que coordinaba tuvo competencias sobre las obras que se ejecutaron, ya que el desmantelamiento de las brigadas de barrio y la falta de disponibilidad presupuestaria motivó que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) asumiera el control de las actuaciones que habían sido demandadas por los colectivos vecinales y que se encontraban pendientes de ejecutar al cierre del ejercicio 2006.

“No teníamos trabajadores para ejecutar estas obras porque el área de Infraestructuras nos los estaba quitando, así que trasladé el problema a Pacheco, que me dijo que la GMU asumía esos trabajos. En ese momento es cuando finaliza mi relación con las obras”, argumentó el exconcejal.
A partir de ahí, Antonio Sánchez no podía hacer “seguimiento ni pagos” vinculados a esas obras, porque carecía de competencias para ello, negando su participación en cualquier proceso de contratación con las empresas de Grimaldi.

Según Sánchez, el único contacto “con alguien” vinculado a las sociedades del grupo Jerecom se produjo a primera hora del 1 de febrero de 2007, apenas unas semanas después de que Pacheco le adelantase que la GMU asumía la ejecución de las obras que inicialmente debían acometer las brigadas de barrio. “Fue una reunión que apenas duró diez minutos y en la que recuerdo que había una persona de una constructora. Me dijeron que a partir de ahí se retomaban las obras y se acabó”, recordó Antonio Sánchez.

Versiones contradictorias

Con anterioridad habían prestado declaración los responsables técnicos de los planes especiales de las zonas norte y sur, Jesús Bellido y Ramón Rosa, respectivamente. Ambos ofrecieron una versión bien distinta de los hechos. Según ellos, Antonio Sánchez les explicó que iban a recibir escritos desde la GMU que, sin serlos, podían asimilarse a una especie de visado de obras.

En esos documentos, los técnicos daban por ejecutadas una serie de obras, haciéndose constar en los mismos que lo hacían “a instancias” de su delegado. Existen los documentos y las firmas, pero Antonio Sánchez negó ayer que diera esa orden e incluso aseguró desconocer los escritos.
“El delegado nos urge a que firmemos esos documentos porque era el requisito que había para que pudiera continuarse con la ejecución de las obras en los barrios”, aseguró Jesús Bellido.

Esa confianza en Antonio Sánchez fue la que llevó tanto a Bellido como a Rosa a firmar los escritos, unos documentos que nadie fue capaz de aclarar siquiera cómo llegaron a las dependencias de las delegaciones de los planes especiales norte y sur.

El exconcejal negó haber visto esos documentos con anterioridad al inicio del procedimiento judicial, advirtiendo de que en su momento no tendrían “validez ninguna”. “Ese documento es una barbaridad y si lo hubiera visto en la delegación los hubiera partido y habría preguntado quién lo había hecho, porque yo no era quién para ordenar ningún pago a la GMU”, aseveró.

Sánchez acusó a sus técnicos de haber “faltado a la verdad” en sus declaraciones y lamentó que en su día no le trasladaran que su nombre aparecía en unos documentos que carecían incluso de registro de entrada y salida de la delegación cuya responsabilidad política asumía.

El gerente no sabía que se estaban haciendo obras en El Rocío

José Luis Agüera González asumió la gerencia de la GMU de forma interina al encontrarse de baja Luis Cruz de Sola. Justo en ese periodo se ejecutaban las obras de la casa de la Hermandad del Rocío en Almonte, cosa que él desconocía. “Soy amigo personal del hermano mayor (Francisco Gómez) desde que tengo 5 ó 6 años, pero no sabía que se estuvieran haciendo las obras ni que se estuviera hablando de ellas. No he ido a la casa ni a Almonte en mi vida”, aseveró.

El nombramiento de Agüera fue cuanto menos curioso. “Pacheco me dijo que me había nombrado gerente provisional en sustitución de Luis Cruz para firmar documentos y que la GMU no se paralizase. Siempre tuvo mucha confianza en mí, porque sabía que era un máquina, y en la GMU no había nada que dirigir. Hay una serie de departamentos y al final, cuando se requiere la firma del gerente, llega el papel hacia arriba”, explicó José Luis Agüera.

Además, esos documentos eran revisados con anterioridad por el secretario de la GMU, Vicente Bitaubé, que además era cuñado de Agüera. “No firmaba nada sin su visto bueno. Me llevaba una hora diaria firmando”, añadió. “No recuerdo si hice autorizaciones de pago, pero si tenían el procedimiento correcto las firmaría, seguro, siempre que me las hubiera pasado el secretario”, insistió, en referencia a Bitaubé, ya fallecido.

Agüera aseguró igualmente desconocer si la GMU estaba haciendo obras vinculadas a los planes especiales de las zonas norte y sur, y mucho menos si este organismo autónomo debía asumir el pago de las mismas.

En la sesión de ayer también prestó declaración el tesorero de la GMU, Miguel Ángel Bernal, que aseguró no haber visto las facturas vinculadas con estas actuaciones hasta el inicio del proceso judicial y reconoció como “inverosímil” que las empresas de Grimaldi pudieran cobrar por las obras ejecutadas “dejando las facturas en la mesa de un técnico”. Además, recordó que estas actuaciones se hicieron “en periodo electoral” y por tanto prácticamente “a demanda” de los colectivos vecinales.