El arquitecto municipal de la GMU  desde 2002 a 2011 a quien el gerente de Urbanismo nombrado por el PSOE tras el cese de Pedro Pacheco encargó la elaboración de un informe técnico sobre las irregularidades detectadas en las facturas de las obras de los Planes Especiales de la Zona Norte y Sur, aseguró ayer en su declaración como testigo en  la nueva sesión del juicio de la Casa del Rocío que tuvo sospechas de que “había algo raro” al ver facturas “con conceptos parecidos” o “sin conceptos”.  Para elaborar su informe, como relató ayer, previa reunión con los directores de área de ambas zonas, visitó algunos emplazamientos a fin de cerciorarse de que las actuaciones proyectadas se habían ejecutado. No obstante, ayer advirtió que era “complicado” confirmar “a posteriori” que los trabajos se habían ejecutado  “con certeza” en tanto que en algunos casos se trataba de canalizaciones subterráneas y otras actuaciones no apreciables a primera vista.

En este sentido, asegura que además de por “algunas visitas realizadas” se valió de un listado que le proporcionaron en la primera reunión con el gerente de Urbanismo, Jaime Barrón, Manuel Bellido y Manuel Rosa, en el que se detalla las actuaciones que no se habían ejecutado. Unas circunstancias, como ayer admitió, que no pudo comprobar sobre el terreno al no haber acudido a la todas las obras, por lo que dijo que no podía afirmar “sin ningún genero de dudas” que dichos trabajos facturados no se hubiesen realizado. En esta tónica, Manuel Rosa, trabajador municipal en 2006 en los Planes Especiales, también dijo  que tras recibir indicaciones de sus superiores para comprobar el ritmo de los trabajos, con quien solía hablar era con los “curritos” y que no supervissaba que los trabajos proyectados llegasen a buen término.

El interventor se ‘enreda’
No por esperado arrojó la luz que se esperaba. Todo lo contrario. La declaración del interventor municipal de la GMU y el Ayuntamiento en 2007 se estancó en cuestiones técnicas del procedimiento general, costando y mucho al fiscal, a la propia juez y a las defensas avanzar en el fondo del asunto. Tras explicar que fue en 2007 cuando le llegó a través de los técnicos de la GMU que había facturas de los planes especiales que podían tener problemas para el pago al detectarse duplicidad y otras irregularidades, emitió un informe -ya en 2008- dirigido a la entonces alcaldesa Pilar Sánchez alertando de estas circunstancias y de que “tenía información de que podría haber más”. A partir de ahí, el funcionario se enredó en el visado, la certificación de obra, a la hora de referirse a los informes que acompañaban a las controvertidas facturas, y acabó concluyendo con que estas se podían dar por válidas si la certificación de la obra procedía de un técnico de la administración.


Tampoco supo precisar desde cuándo estaban estas facturas en la GMU, afirmando que “solo podía garantizar” que estuvieran antes del día 9 de noviembre de 2007, cuando las registraron para llevarlas inicialmente a Pleno para hacer una modificación presupuestaria antes de detectar las anomalías. En este sentido, ante la “premura” de que se registraran apenas 15 días antes de la sesión plenaria, solo acertó a decir que “lo normal” es que las facturas de este y otros trabajos “se registraran en su fecha”.