Cuando la semana pasada el Ministerio de Hacienda remitió al Ayuntamiento su visto bueno al documento del Plan de Ajuste, el Gobierno local lo recibió y lo celebró como una victoria. En realidad lo era, desde el momento en que venía a certificar el buen trabajo realizado desde el área económica municipal y desde el punto de vista técnico, aunque lo que de verdad interesaba al ejecutivo socialista era el punto de vista político. En primer lugar, porque le daba vía libre para criticar el ya defenestrado plan de ajuste puesto en marcha por el PP y, en segundo lugar, porque le permitía arrogarse una victoria más, la de acercar a los afectados por el ERE a su posible reincorporación. Sin embargo, en este último caso son precisos los matices, ya que ni el Ministerio de Hacienda respalda explícitamente dicha reincorporación, que afecta también a los integrantes de la Banda Municipal de Música, ni, y esto es lo más importante, el informe de Intervención deja en buen lugar la previsión municipal, situando el regreso de los despedidos del Ayuntamiento bajo seria advertencia.

En este sentido, el delegado de Economía, Santiago Galván, vinculaba el respaldo del Ministerio al hecho de que haya dado su visto bueno al plan de ajuste: “En el informe que valora el Ministerio hay un compromiso claro de reincorporar a esos trabajadores. La cuestión es que ni en abril, cuando remitimos el plan, ni ahora en julio sabemos el importe de esa reincorporación”. En realidad, el Ministerio no se puede posicionar sobre una cuestión de la que se desconocen las cifras, y simplemente acepta el argumento -a la espera de su constatación- de que “una vez conocidos los importes, deberán realizarse, en su caso, modificaciones en las medidas al objeto de garantizar el cumplimiento de objetivos. En cualquier caso, el gobierno traslada el mantenimiento de su compromiso y, al menos para el ejercicio 2016, dispone de un fondo de contingencia de 1,9 millones de euros con el que se estima dará cobertura a las necesidades expresadas, comprometiéndose asimismo a adoptar las medidas oportunas tendentes a absorber el mayor gasto en 2017 y siguientes”.

El problema radica en que ya hay quien se ha posicionado sobre esta cuestión, y de forma negativa. Al menos, así se expone en el Informe de Intervención del propio Ayuntamiento a la hora de valorar los “mayores gastos de personal”. Entre sus argumentos alude a que la propia omisión de los datos “desdibuja los contornos de la eficacia de las medidas propuestas para conseguir los objetivos impuestos, de modo que hay que advertir que la adopción de medidas que absorba el impacto de dichos gastos en las proyecciones es ineludible”.

Y prosigue: “No comparte esta Intervención la posibilidad, apuntada en el informe económico financiero, de dar cobertura a tales gastos haciendo uso del crédito consignado en el fondo de contingencia, por cuanto la naturaleza de tales gastos no encaja con los requisitos que establece la normativa reguladora del uso del fondo de contingencia, destinado a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”.

Es decir, el informe de Intervención niega la mayor del plan de ajuste, al menos en lo que se refiere a la incorporación de los afectados por el ERE y de la Banda Municipal de Música. No obstante, Galván es optimista y ya ha asegurado que “ese informe lo tenemos que ver con el nuevo interventor”. Además, recuerda con el nuevo plan de ajuste se genera más crédito aún y no habría problemas de crédito para hacer posible la reincorporación de los trabajadores”.

En cualquier caso, hay tiempo por delante para resolver todas estas cuestiones, ya que como avanzó la alcaldesa Mamen Sánchez este pasado jueves, la posible reincorporación de los afectados por el ERE no se conocerá ya hasta a partir del mes de octubre, que es la fecha en la que el TSJA está citando a cada uno de ellos para revisar su caso. El pronunciamiento del alto tribunal será ya definitivo de cara a dar vía libre o no a los planes del Gobierno local.