La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha pedido poder salir de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en la que desde el pasado febrero cumple una pena de cuatro años y medio de prisión, para trabajar y regresar solo para dormir.
Fuentes judiciales aseguran que la exalcaldesa ha pedido un régimen recogido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los internos trabajar de lunes a viernes fuera de la prisión y regresar solo a dormir, mientras que los fines de semana debe permanecer encarcelada.
La petición de la exalcaldesa aún está en trámite, aunque otras fuentes han explicado que tiene muchas posibilidades de que se le conceda ese régimen debido a su comportamiento “modélico” en la cárcel, siempre dispuesta a ayudar al resto de presas.
Cuando en febrero pasado entró en prisión, la exalcaldesa solicitó un tercer grado, o régimen de semilibertad, que se le denegó.
Delito
Pilar Sánchez, que fue alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011, entró en prisión por delitos relacionados con la concesión de una subvención a una empresa para que se instalara en la ciudad.
De esta forma, se convirtió en la segunda regidora de la ciudad gaditana que era encarcelada, ya que el que fuera su socio de gobierno, exlíder del PA y alcalde de Jerez durante más de 20 años, Pedro Pacheco, cumple desde hace casi dos años en el centro penitenciario Puerto III una pena de cinco años y medio de cárcel.
La sentencia de Sánchez, confirmada por el Tribunal Supremo, considera probado que la que fuera también secretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación.
Los delitos los cometió, según la sentencia, al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).
La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara “con cariño”.
Por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo, añade la sentencia.
El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta, y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por el PA en el 2009.
Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.
La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio.
