El número de detenidos por el presunto fraude sanitario con recetas irregulares con prescripción de aparatos ortopédicos de gran valor económico incluso a personas ya fallecidas se elevaba ayer hasta el cierre de este periódico a once detenidos y ocho investigados en una operación que se ha llevado a cabo en las provincias de Cádiz y Sevilla. Así lo confirmó el delegado del Gobierno en Andalucía, que explicó que en estos momentos se está tomando declaración a estos detenidos. “Es un fraude en el que parece que estaban involucradas ortopedias de Cádiz, Málaga y Sevilla”, precisó 24 horas después de que en Jerez y Puerto Real se llevaran a cabo casi de forma simultánea dos registros en la ortopedia Índalo de la calle Asta, y en el hospital clínico, saldándose en ambos casos estas intervenciones de la Guardia Civil respectivamente con tres y dos detenidos.


Respecto a la investigación,  Sanz dijo que “habrá que esperar si definitivamente la operación culmina así o no”, toda vez que asegura que “no puede confirmar si está cerrada porque es una nueva operación en la que trabajamos a nivel judicial con el Juzgado número uno de Puerto Real, que es el que lleva las actuaciones”.


Asimismo, resaltó que se trata de una operación “muy importante”, al tiempo que puso en valor “la actuación constante que los cuerpos policiales desarrollan en la lucha contra el fraude, y en este caso en el ámbito sanitario, con la importancia que tiene una operación como ésta”
Por su parte, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, resaltó ayer colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia en relación al presunto fraude sanitario y reiteró que la Administración andaluza está “totalmente en contra de cualquier tipo de estafa”, si bien declinó valorar en profundidad este caso concreto atendiendo a que la investigación no ha finalizado y, por tanto, los hechos aún no han sido juzgados.


En cualquier caso, el consejero garantizó la colaboración con de la Junta con la justicia, ya que “no podemos permitir y lucharemos para que no se produzcan actos delictivos”.
Prueba de ello, como dijo el titular de Salud en la Junta indicó que, es el hecho de que la Junta haya estado “colaborando desde el principio” en este caso y lo va a seguir haciendo, recalcando que “nuestra Inspección trabaja permanentemente con la justicia para perseguir posibles hechos delictivos”.

Destapado en Jerez
En la misma tónica de cautela y prudencia se expresó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien explicó que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación “detectó” que “algo pasaba” en este sentido en el Hospital de Puerto Real, por lo que se abrió una investigación que ha durado hasta seis meses y durante la que se recopiló información “contundente para poder al final avalar lo que se estaba denunciando”.


La investigación, como puntualizó, se trasladó a la Fiscalía y  se destapó el pasado miércoles con la detención de cinco trabajadores, dos de ellos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y otras de empresas, como es el caso de la ortopedia jerezana, que le prestan servicio al SAS. 
Hay que recordar que en los registros practicados, en este caso en Jerez, la Guardia Civil se llevó una cantidad ingente de documentación en distintos archivadores a plena luz del día de la mencionada ortopedia con el lógico revuelo que causó la presencia de agentes del Instituto Armado.

La Asociación de Empresas de Ortopedia pide “respeto” para el sector

La Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía, que aglutina a la mayor parte de las ortopedias en Andalucía, pidió ayer que se “respete” la presunción constitucional de inocencia, hasta que los hechos que  se investigan queden esclarecidos. En un comunicado, explica que el sector de ortopedias se compone de empresas que día a día están velando por la calidad del servicio ortoprotésico a los usuarios, y que colaboran con la administración sanitaria en una mejor prestación, “no aprobando, de ninguna manera, prácticas ilegales ni procedimientos fuera de toda ética profesional y empresarial”.


Aseguran que se rigen por un código de buenas prácticas” y, en ese marco, “colaborará con la administración en todo cuanto sea necesario para aclarar esta actuación y erradicar las malas prácticas que de forma extraordinaria y a título individual pudieran producirse en nuestro  sector”. De igual manera, dejan claro que sus establecimientos, que cumplen con un estricto protocolo de actuaciones para poder ser autorizados por la Administración, y el personal que lo componen “desean mantener un sector transparente y ello con el fin de dar una prestación de excelencia condenando tajantemente cualquier mala práctica que se produzca”.