La revisión del catastro inmobiliario de Tarifa, que fue aprobada en la mañana de ayer por el Pleno de la Corporación municipal, supondrá alrededor de 1.500 altas, correspondientes a otras tantas viviendas que hasta el momento no han tributado. Este fue el principal argumento que esgrimió la concejala de Hacienda y Vivienda, Juana Garrido, en defensa de una actualización que arrastra ya varios años de demora, “lo que supone no sólo un quebranto a las arcas municipales sino también un agravio comparativo hacia los vecinos que tributan”.

“La normativa impone una revisión del catastro cada diez años, y el de Tarifa data ya de 1993”, indicó Garrido, quien señaló que, “además de las viviendas que no tributan, hay zonas como por ejemplo la urbanización Atlanterra en las que los valores necesitan una actualización de forma evidente”.

“No planteamos la ponencia con afán recaudatorio, sino con el propósito de regularizar una situación injusta”, afirmó la concejala, quien además destacó “la oportunidad de realizar la revisión en este momento de crisis económica, ya que los valores catastrales se basan en los de mercado, que han bajado notablemente, y que tendrán vigencia para los próximos diez años aunque el precio de mercado vuelva a subir”.

La propuesta, que contó con el apoyo de los socios de Gobierno, PSOE  e Izquierda Unida, así como de la concejala del Partido Andalucista, plantea una bonificación para las viviendas habituales por la diferencia de la cuota entre el año 2009 y el 2010, lo que supone que el año que viene se mantendrá el precio de la contribución de este año.
“En el segundo año ya tendremos los datos catastrales actualizados, y ajustaremos los tipos impositivos para que no se produzca un quebranto económico para los vecinos”, concluyó Garrido.