La Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez que ha condenado a un conocido empresario de dicho municipio, así como a dos testaferros suyos, a diez meses de prisión, una multa de 120.000 euros a cada uno y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayuda públicas durante cinco años.

Según ha indicado la Junta en una nota, el empresario usaba como testaferro a una persona insolvente para no pagar los impuestos que establece la normativa para las máquinas recreativas. Por ello, la sentencia, que es firme, ha tenido en cuenta que el condenado ha reconocido los hechos y procedido a devolver el capital defraudado, más de 356.000 euros, a lo que habría que añadir los elevados intereses devengados.

Para la Junta, "perjudicada" por un posible delito fiscal y que se personó en el procedimiento penal, la sentencia "supone un precedente en Andalucía, al considerarse por primera vez delito fiscal el impago de las tasas fiscales que gravan las máquinas recreativas, siempre que su importe exceda los 120.000 euros por año".

La Junta ha explicado que las investigaciones de estos hechos se han llevado a cabo por la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía a instancias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, logrando determinar que la persona que aparecía como administrador único de la empresa era un testaferro que desconocía todo lo relacionado con dicha empresa.

Así, detrás del testaferro, que había adquirido la empresa en escritura notarial a pesar de que carecía prácticamente de recursos económicos, se encontraba un empresario que era conocedor del funcionamiento de estas empresas en el ramo de las máquinas recreativas y de azar.

Las investigaciones policiales determinaron que la compraventa de la empresa originaria, que fue puesta a nombre del testaferro, fue realizada por el empresario que permanecía en la sombra. El ahora condenado efectuó los pagos generados por la compraventa y, a través de un tercero, formalizaba toda la documentación referente a las máquinas recreativas. De hecho, el testaferro negó que dichos documentos hubiesen sido firmados realmente por él, según ha indicado la Junta.

Finalmente, ha señalado que las empresas operadoras de máquinas recreativas han mostrado su "satisfacción" por esta sentencia, puesto que esta situación ejercía una competencia desleal en relación a las mismas, que pagan regularmente sus impuestos. Asimismo, ha destacado que éste es uno de los sectores en los que ha disminuido de forma muy considerable la actividad ilegal, siendo actualmente uno de los que cuenta con mayor grado de profesionalidad y menor grado de incumplimientos.