El Juzgado de lo Mercantil número 1  de Sevilla ha dictado sentencia declarando que el Ayuntamiento de Jerez no  tuvo responsabilidad en la situación de concurso de la sociedad Urbanos Amarillos  y, por ende, en la situación de insolvencia de la empresa, que culpaba de la misma al Consistorio como consecuencia del secuestro del servicio del transporte urbano en la ciudad.

La  sentencia obedece a la demanda que  efectuó la Administración Concursal de la sociedad  Servicios Urbanos Amarillos SLU, que solicitó  al Juzgado Mercantil se declarase culpable el concurso, haciendo responsable de ello a la anterior alcaldesa, María José García Pelayo, a la funcionaria municipal que asumió la Intervención Técnica del secuestro, Mila Pérez, al  anterior Gerente de Comujesa, José María Pérez,  y  al propio Ayuntamiento, solicitando, asimismo, la condena  solidaria  a todos ellos  de una indemnización de 4 millones de euros y a inhabilitación para cargos societarios.

No obstante, ya en  el mismo acto del juicio, la Administración Concursal y el Fiscal se desistieron de la demanda contra la exalcaldesa y contra los técnicos municipales, manteniendo la demanda  contra el Ayuntamiento, haciéndole  responsable de la insolvencia de Urbanos Amarillos por la gestión llevada a cabo durante los dos años del secuestro del servicio (desde el 7 de mayo de 2012 al 6 de mayo de 2014).

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, rechaza cada una de las acusaciones efectuadas contra la gestión del secuestro  y concluye, entre otras cosas, que el Ayuntamiento no se obligaba a cubrir vía subvención municipal las pérdidas sufridas por  Urbanos Amarillos en el desarrollo de la concesión, ya que según el contrato la actividad se desarrollaba a riesgo y ventura del contratista, y desterrando el planteamiento alegado por la sociedad, que mantenía que todas las perdidas tenían que sufragarse por el Ayuntamiento.

Asimismo, resalta que Urbanos Amarillos ya estaba en insolvencia cuando se decretó el secuestro del servicio público  y no a raíz del secuestro -lo secuestrado fue el servicio, no la empresa, subraya el juez en el auto-;  así como que la intervención municipal del secuestro  no  tuvo nada que ver  con las  supuestas irregularidades en la contabilidad de la sociedad, sólo imputables a  sus administradores.
En definitiva, la sentencia establece que ni Ayuntamiento, ni los responsables políticos ni técnicos del secuestro, tuvieron ninguna responsabilidad en la insolvencia de la sociedad.

Ésta era la tercera demanda de Urbanos Amarillos contra el Ayuntamiento: la querella penal, que ya fue archivada; el recurso contencioso administrativo, que fue desestimado, y ahora esta demanda mercantil que tampoco ha prosperado.