La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) advirtió esta semana que “los continuos vaivenes, conflictos y contradicciones que protagonizan las autoridades públicas en la gestión de la crisis sanitaria están confundiendo a la población” y conllevan, además, “una menor efectividad de las medidas de prevención y control”. Entre los efectos por las malas políticas de respuesta, la entidad remarcó que “la desigualdad en todas sus dimensiones se agrava”. Los daños de la pandemia no se distribuyen en ningún sitio de forma uniforme, sino que “son los grupos más vulnerables por su nivel socioeconómico los más afectados”, apunta, al respecto, Antonio Escolar, epidemiólogo y médico especialista en Salud Pública, que ha coorganizado un congreso virtual para analizar estas cuestiones con el Grupo para la Investigación en Salud Pública de Cádiz (Gispca), Plan Local de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz (UCA) y Sociedad Española de Epidemiología .
“Hay factores personales en la propagación del virus, es importante la responsabilidad individual, como el distanciamiento, pero hay que valorar igualmente el papel que juegan los contextos sociales, como las condiciones de vida, la calidad del trabajo y la vivienda, el lugar de residencia y su entorno o la red de apoyo social, en la expansión del Covid”, agrega. Antes del coronavirus, todo ello afectaba en un 50% a la salud de la población. En un estudio firmado por el propio Escolar en 2018 en el ámbito de Cádiz capital, daba por probada la existencia de una asociación entre renta personal media y mortalidad: cuanto menor es la renta, mayor es la mortalidad, especialmente más en Cádiz extramuros y, en particular, en el Distrito 8 (Bahía Blanca, Paseo Marítimo Norte, San Severiano, y La Paz-Norte y Guillén Moreno).
La pandemia ha puesto de relieve, además del efecto de las políticas austericidas desde el crack de 2008 en el sistema público de salud, saturado y necesitado de recursos humanos y económicos, “la extrema vulnerabilidad de mucha gente que lleva viviendo en el filo de la navaja”, como señalaba Mila García, coordinadora general de Cáritas Diocesana Jerez, recientemente.
“El confinamiento es un lujo que muchos no se pueden permitir”, añade Escolar. El peso de la economía informal en la provincia, frenada en seco con el estado de alarma en la primera ola, y la precariedad del mercado laboral gaditano ahondan aún más la división social y expone al virus a determinados sectores poblacionales. “Hay empleados en el sector de los cuidados que tienen que buscar otras actividades para llegar a fin de mes” y todo ello incrementa los riesgos de contagios. Ahora, cuando se plantea abrir la mano con las restricciones después del puente de la Constitución, no se repara, remarca, “en el coste de estas medidas y sobre quién recae”. La pregunta, añade, “es qué precio tenemos que pagar por salvar la Navidad”.
“La economía no se recuperará hasta que consumidores e inversores no recobren la confianza gracias a una disminución drástica de infecciones”, aseguraba Sespas en su comunicado. Escolar hace suya la reflexión: “No se trata de poner la economía en un lado de la balanza y la salud en el otro, como erróneamente defienden los responsables de algunas comunidades autónomas, sino de un equilibrio mucho más complejo”. Hay que tomar medidas de contención para salvar la economía. Y las administraciones públicas han de dar cobertura. “El problema está en que el escudo social del Gobierno tiene más agujeros que un colador”, lamenta. El precio de las mascarillas es prohibitivo para muchas familias y el Gobierno ha reducido el IVA pero no lo elimina, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está colapsado. Solo combatiendo la desigualdad se podrá reducir “la transmisibilidad social del virus”, subraya.
