Hace un par de meses ya escribí un artículo parecido a éste, con motivo de la convocatoria hecha por el Gobierno para cubrir unas pocas vacantes de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, prácticamente desconocidos, por otra parte, para la inmensa mayoría de la gente.
Estos funcionarios son: Secretarios, que se encargan del asesoramiento legal; Interventores, que ejercen el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria; y tesoreros, a cuyo cargo está la contabilidad, tesorería y recaudación y existen, o deberían existir, en todos los Ayuntamientos, aunque es verdad que en casi 9 de cada 10, los de menos de 5.000 habitantes, sólo hay uno que ejerce a la vez de secretario y de Interventor, y en muchos casos el mismo tiene que atender a varios ayuntamientos, ya que 3.863 no llegan a 500 habitantes.
No somos dados a la protesta ni al ruido sino que lo único que pedimos son medidas de dignificación profesional, incluyendo una carrera administrativa como la que tienen otros funcionarios, y la respuesta del Gobierno suelen ser palabras de elogio en actos públicos y la más absoluta desconsideración a través del Boletín Oficial del Estado. Y ahora ha vuelto a pasar por segunda vez en poco tiempo con esa oferta de empleo recientemente presentada a bombo y platillo y que incluye un número insuficiente de plazas, con una reserva para promoción interna, otra vez, vergonzante.
Actualmente existe un importante número de vacantes de plazas reservadas a estos funcionarios que están cubiertas, en el mejor de los casos, por los de categoría inferior, mientras que en otros lo son por otros funcionarios que no tienen ni la formación ni la habilitación, y aunque en muchos casos lo hacen de buena fe, para evitar perjuicios a sus ayuntamientos, en otros hay una auténtica connivencia entre quienes ocupan la plaza y los respectivos alcaldes, con lo que no puede haber la mínima imparcialidad exigible cuando existe tal nivel de empatía entre fiscalizador y fiscalizado. Y ya el colmo son las plazas ocupadas por personal laboral o incluso contratando el ejercicio de funciones a consultorías externas. ¿Alguien se imagina lo que se estaría diciendo si esto se hiciera con los inspectores de hacienda o con los de trabajo?, sin embargo parece que los ayuntamientos juegan en una división inferior, en la que no importa tanto el ejercicio de esos controles, ¡a pesar de la que está cayendo!
Lo triste es que lo que ha vuelto a hacer el Gobierno no es por razones económicas, ya que ofertar las plazas necesarias para cubrir las vacantes no le supondría aumento del gasto público por cuanto el sueldo de estos funcionarios lo pagan los ayuntamientos, y ya lo están haciendo a quienes las ocupan. Lo malo es que hay casos en los que se prefiere pagar por tener la copia en lugar del original, y eso debería dar que pensar.
La esencia de la democracia no es que cada quien haga lo que le da la gana, sino que se cumplan las normas que permitan poder hacer lo que queramos respetando los derechos de los demás. Es precisamente ese respeto lo que garantiza nuestra igualdad. Y el aval de dicho cumplimiento, máxime cuando hablamos de una administración pública, es la existencia de controles y de los funcionarios encargados legalmente de ejercerlos, por lo que mantener la actual situación no le beneficia a nadie, sino todo lo contrario, más pronto que tarde se acaba volviendo en contra. Por eso habría que preguntarse por qué, por segunda vez, el Gobierno ha vuelto a tropezar en la misma piedra, y cómo sabiendo que si entre la oferta de empleo y la cobertura efectiva de las plazas transcurre más de un año sigue convocando este número insuficiente que lo único que hace es mantener una situación ya de por sí enquistada.
¿Será error o premeditación?
