Se terminaron las fanfarrias, se plegaron las banderitas, se reventaron los globos y por fin se celebraron las elecciones municipales, como paso previo a que vuelva la música, los atriles y los mítines, porque hace mucho tiempo que vivimos en campaña permanente. Pero ahora toca reflexionar, especialmente   por parte de quienes finalmente han sido elegidos, porque todos ellos han prometido lo divino y lo humano y quizás no sea posible legalmente cumplirlo.

Con motivo de las primeras elecciones locales tras la aprobación de la Constitución, los geniales Tip y Coll parodiaron aquella campaña electoral prometiendo un colegio para cada niño, un hospital para cada enfermo y un aeropuerto en cada pueblo, lo que no era más que un reflejo de aquella época, caracterizada por la novedad que suponía la incipiente democracia. Treinta y seis  años después parece que no hemos avanzado mucho, ni unos ni otros, porque todos, tanto partidos viejos como los llamados emergentes, prometen, prometen…


Y lo que tenemos delante es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que va a hacer imposible cumplir casi nada de lo prometido. Desde luego, todos los Ayuntamientos que tengan en vigor un plan de ajuste van a tener que mirárselo mucho antes de poner en marcha medidas que puedan desequilibrarlo, porque la Ley establece que en ese caso deberán dejar de prestar, no sólo eso que lo desajusta, sino todo aquello que no sean competencias propias, que han quedado reducidas a un puñado, o las que su Comunidad Autónoma les haya delegado con la consiguiente financiación, lo que no se está produciendo.


Así, si no tenemos en cuenta a los microayuntamientos que existen en España, los de menos de 500 habitantes, que no sólo no tienen prácticamente capacidad económica sino que ni siquiera tienen capacidad de endeudamiento, resulta que alrededor del 70 % del resto están sometidos a un plan de ajuste. Y si nos fijamos en los llamados ayuntamientos de gran población, es decir, capitales de provincia y los de más de 75.000 habitantes, entonces son casi 8 de cada 10 los que deben someter sus cuentas a este control. Y esto ya lo sabían todos antes de redactar sus programas electorales.


Pero hay algo que me ha llamado poderosamente la atención: es la primera vez en mucho tiempo que no se ha hablado de servicios sociales, y quizás tenga algo que ver esa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que obliga a las comunidades autónomas a partir del 31 de diciembre a hacerse cargo de los servicios sociales que hasta ahora prestan los ayuntamientos.


Y es posible que ese silencio sea consciente, porque ya no se trata de promesas sino que hay una norma que cumplir. Pero resulta que esto supone, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 3.747 millones de euros, aunque según las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, el coste efectivo de estos servicios prestados por todo el sector público local, que además de los Ayuntamientos también comprende a las Diputaciones, mancomunidades, consorcios, agrupaciones, etc., ascendería a casi 6 mil millones de euros.


Cifra totalmente inasumible por las comunidades autónomas, que no solamente no tienen capacidad económica sino tampoco financiera para hacerle frente. De hecho, la mitad de ellas han tenido que acogerse a un plan de liquidez que les permita siquiera cumplir con sus obligaciones contraídas en esta materia con los propios ayuntamientos. Con lo que si no pueden ni cumplir aquello a lo que se han comprometido ¿cómo van a hacerse cargo de todo este gasto a mayores?.


Y en este caso no vale, como en otros, la política del avestruz, porque la norma está en vigor y en un Estado de Derecho las leyes están para cumplirse, es decir, el tren está en marcha y por lo tanto sólo pueden pasar dos cosas: o se lleva por delante a la parte más débil de la sociedad, que son los usuarios de los servicios sociales que pueden quedar desasistidos con la última campanada de Nochevieja, o alguien con el suficiente sentido común, que ha faltado en toda la elaboración de esa Ley, tira del freno a tiempo y lo evita.