El Tribunal Constitucional acaba de avalar la regulación de las fusiones de Ayuntamientos contenida en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de la que ya dije que es mejorable, pero al menos está ahí.
Para saber de lo que estamos hablando debemos recurrir a las cifras oficiales de las liquidaciones de los presupuestos municipales, y de su análisis se comprueba la existencia de dos líneas: una, referida a los gastos generales, que asciende a medida que baja el número de habitantes; y otra, referida a la prestación de servicios, que desciende a medida que baja la población, y viceversa.
De esos datos se desprende que los pequeños Ayuntamientos repercuten mayor cantidad de dinero a las actuaciones de carácter general cuando no son las que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, mientras que va disminuyendo lo destinado a la prestación de servicios, siendo por tanto éstos de peor calidad según descienden los tramos de población, afectando a áreas tan sensibles como los servicios sociales cuando la mayoría de sus vecinos es de edad avanzada y con necesidades que deberían ser satisfechas a través de los mismos.
El tamaño mínimo de los Ayuntamientos debería estar, a mi juicio, en torno a los 5.000 – 6.000 habitantes, con las excepciones que la orografía, distancias y otros hándicaps nos exijan, cuando actualmente por encima de esta cifra tan sólo son el 29,5 % en Andalucía, teniendo el primer incentivo, junto con otras importantes medidas, en obtener un incremento del 27 % en la participación en los ingresos del Estado. Además, de los datos manejados se desprende que los Ayuntamientos que se encuentran entre los 4.000 y los 6.000 habitantes mejoran todas las comparativas con los de menor población. Así, con una aportación per cápita inferior a los de éstos reciben una mayor y mejor prestación de los servicios públicos, con un importante ahorro en gasto improductivo.
Y es de esto y no de otra cosa de lo que se trata con la fusión de Ayuntamientos, es decir, de poner al servicio de los ciudadanos unas instituciones que sirvan con eficacia y eficiencia las necesidades y exigencias que tienen en el Siglo XXI, sin perder su naturaleza e idiosincrasia pero adaptándolos de forma que la mayor parte de sus recursos públicos vayan a su redistribución en forma de prestación de servicios y a la reducción del volumen de gastos generales, consiguiendo con esto mejorar el nivel de vida de sus vecinos, con mayor equidad y equiparación con el resto de Ayuntamientos, sin la brecha actual. Es decir, estamos hablando de hacer justicia social sin sacrificar la esencia de los Ayuntamientos sino adaptándolos a la nueva realidad y de paso homologarlos a los de la mayoría de países europeos de nuestro entorno.
Como consecuencia del aumento y mejora de los servicios públicos a recibir, no sé si habría un mayor asentamiento de la población en el medio rural. Creo que sí, pero seguramente se frenaría el abandono que se da hoy en día, con lo que, contrariamente a algunas críticas, se pondría en valor a los pueblos, ya que no desaparecerían sino que únicamente se trasladaría su sede de toma de decisiones a una distancia que les será familiar, y por lo tanto cercana.
Y ésta debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno, bien si se llega a un acuerdo o bien si hay repetición de elecciones, porque quienes parece que tienen mayores posibilidades de formarlo así lo contemplan. El PP, porque incluyó esta cuestión en una ley, y el PSOE y C`s, porque así la han incluido en su pacto. Todo ello sin olvidar el importantísimo papel que en esta materia deben jugar las Comunidades Autónomas. Y no debería quedar en agua de borrajas cuando estamos hablando de aspectos básicos para la conformación del estado del bienestar del Siglo XXI.
