El déficit público de 2015 tuvo una desviación del 0,96 % sobre el objetivo marcado, por culpa de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas, mostrándose el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enfadado con estas últimas, aunque es una situación que no debería sorprenderle.

En el año 2012, el Gobierno creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para atender la deuda financiera de las comunidades autónomas, al que se adhirieron nueve (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia). Todas ellas, salvo Canarias en el año 2010, ya reiteradamente incumplidoras. Pues bien, a pesar de inyectarles más de 16.600 millones de euros, menos Asturias las otras ocho fueron las únicas de toda España que incumplieron con el objetivo de déficit.


En 2013 se prorroga el FLA con las mismas comunidades, dotándolo con 23 mil millones. Incumplieron cinco de las nueve: Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. En 2014 se dota con otros 23 mil millones, y, salvo Canarias, vuelven a incumplir todas.


En 2015 se destinan 17.600 millones de euros, que fueron a parar a las cinco comunidades reiteradamente incumplidoras: Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. Y, cómo no, vuelven a incumplir. También se crea el FLA Social, con más de 683 millones de euros para atender los gastos sociales derivados de convenios suscritos por las comunidades autónomas con entidades locales. ¿Y quiénes se apuntan?. Cuatro de las cinco reincidentemente incumplidoras (Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia), además de tres habituales del FLA, la mayoría también incumplidoras (Andalucía, Aragón y Baleares), y Extremadura, que lleva dos ejercicios en rojo.


Pues bien, todas ellas cierran el ejercicio por encima del objetivo de déficit. A mayores, este año se pone en marcha el Fondo de Facilidad Financiera, con más de 10.890 millones de euros, destinado a la financiación de las desviaciones de déficit de años anteriores. Y aquí se apuntan todas las que no están en el FLA (excepto Madrid, Navarra y el País Vasco), nueve en total. Y, salvo Canarias y Galicia, incumplen de nuevo.


Parece, pues, poco creíble el enfado del ministro Montoro ante una situación que se repite año tras año. Está claro que las comunidades incumplidoras parecen ser las culpables de la desviación del déficit, pero una gran responsabilidad la tiene al Ministerio de Hacienda como encargado del seguimiento de los planes de ajuste. Y si ninguna se ha asustado ante las amenazas del ministro es no sólo por los incumplimientos reiterados sin consecuencias, sino también porque hay a la vista una nueva edición de los fondos de financiación, a los que ya se han adherido todas las comunidades, salvo Castilla y León y las de régimen foral, sin que parezca que tampoco ahora haber incumplido les vaya a traer consecuencias.


Lo grave es que sabemos a dónde va este dinero, pero nadie explica a qué destinan las comunidades autónomas los fondos que deberían dedicar a cumplir con sus obligaciones, porque a pesar de inyectarles grandes cantidades para hacer frente a su deuda financiera, no pueden pagar los compromisos en servicios sociales o no pueden financiar la desviación del déficit, pues son necesarios sendos planes específicos de financiación para ello.


¿Podemos imaginarnos lo que se hubiera podido hacer en España con los cerca de 98 mil millones destinados desde 2012 a rescatar a las comunidades si su actuación se hubiera ajustado a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera?. Por eso la única forma de reconducir esta situación con la autoridad suficiente es asumir la responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Hacienda, a quien Bruselas le va a pasar la factura que pagaremos los de siempre.