Con la presentación del déficit público se ha desatado una guerra entre el Gobierno y las comunidades autónomas, cuando no es la primera vez que se incumple el objetivo pero sí la primera que se intenta poner remedio, aunque sea a través de unas cartas que han levantado ampollas.


Una de ellas tenía por objeto recordar a Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Valencia su no remisión de información sobre el control de deuda y pago a proveedores, lo que no es una opción sino una obligación. Otra fue remitida a todas salvo a Galicia, Canarias, La Rioja, Navarra y el País Vasco, para que, ante el incumplimiento del objetivo de déficit, aprobasen en 15 días la no disponibilidad de créditos para corregirlo, con las reacciones que conocemos.


Y en una tercera se les comunicaba a Aragón y Extremadura, ante la insistencia en no informar sobre las medidas para contener la desviación de su deuda financiera y cumplir el período de pago a proveedores, de la retención de fondos para pagar directamente a sus proveedores, con la respuesta de éstas que hemos escuchado pero de las que no hemos oído ni una sola justificación de este comportamiento.


Echémosle también un vistazo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al comportamiento de algunas comunidades autónomas adheridas al mismo. Este fondo se creó en 2012 y supone la concesión de préstamos por el Estado a las Autonomías para que hagan frente a sus compromisos en dos vertientes: la deuda financiera y el pago a proveedores. A este Fondo se han ido sumando comunidades y dando de baja otras, pero voy a referirme a las ocho que se repiten: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.


Su deuda financiera al final de los cuatro años liquidados ha aumentado en un 38,4%, y por lo tanto, seguramente, también su volumen de gasto, con lo que habrían incumplido sus planes de ajuste, como parece indicar el que ninguna cumpliera sus objetivos de déficit durante este período, aunque sin consecuencias.


¿Y qué ha pasado con el pago a sus proveedores? Pues que la deuda también ha ido creciendo hasta suponer en 2015 el doble que la que tenían al empezar el FLA en 2012. Esto sólo puede tener dos causas: o bien son incapaces de hacer frente al pago a sus proveedores, lo que ya no sería un problema coyuntural que pueda paliarse con un fondo de liquidez sino un problema estructural de mayor calado; o bien no han destinado los fondos recibidos al objeto para el que lo fueron, en cuyo caso estaríamos ante una situación gravísima que debe ser aclarada suficientemente.


Desde 2012 y hasta el primer trimestre de este año a través del FLA se han inyectado a las comunidades autónomas unos 98 mil millones de euros, lo que supone que éstas han podido liberar de sus presupuestos una cantidad similar para otros fines. ¿Qué hubieran hecho si siguiésemos como antes de 2012, sin FLA?. Y sin embargo ahora, cuando se habla de contener el gasto, salen con la educación, la sanidad y los servicios sociales. ¿Seguro que no tienen otras áreas en las que meter la tijera?. Yo creo que a poco que revisemos encontraríamos algunas.


Lo urgente es que, con independencia de cómo deba hacerse el reparto del objetivo de déficit, los responsables de esta situación, las comunidades autónomas por activa y Hacienda por pasiva, se dejen de demagogia, pongan pie en pared y ejerzan la responsabilidad que se les supone, reconduciéndola y arrojando luz al destino de unos fondos siempre sumidos en cierta oscuridad, hasta el punto de que, entre unas y otra, están convirtiendo en un fondo de financiación para unas cuantas lo que es un fondo de liquidez para comunidades en apuros.