Unos veinte encapuchados asaltaron esta semana el Hospital de La Línea con la intención de rescatar a un presunto narco al que estaban atendiendo de unas heridas bajo custodia policial. La escolta, formada por dos agentes, poco pudo hacer ante la avalancha formada por una manada de tipos violentos dispuestos a todo con tal de poner a salvo a su compinche. El suceso, que ha vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto la realidad tiene esa capacidad innata para parecerse a la ficción, no sorprende por su desarrollo peliculero, sino por la enorme voluntad demostrada por los protagonistas del asalto para consumarlo con éxito -supongo que incluso contarían con alguna baja-. Una voluntad que no responde a una condición genética, ni a un pacto de sangre, ni a la entrega sin fisuras a un líder temible, al Keyser Söze de la Bahía de Algeciras, sino a la sensación de impunidad que rige sus destinos en este momento.
El caso ha situado de nuevo a La Línea en el mapa, se ha convertido en asunto de Estado, y, obviamente, la primera reacción ha sido pedir más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil -“la provincia puede convertirse en el nuevo Medellín”, sentenciaba esta semana en nuestro periódico un representante de la AUGC-, como el gran remedio a un mal, el del narcotráfico, que, por desgracia, no es el único, aunque sea el más visible. Y, obviamente, en el discurso de las reivindicaciones y los reproches mutuos, la Junta y el Gobierno central han acaparado la mayor parte de los titulares; hasta Susana Díaz modificó su agenda para acudir a entrevistarse con el alcalde linense este viernes.
Dentro de esa escalada dialéctica, no exenta de palabras de buena voluntad, conviene apartarse del camino y conocer también la opinión de quienes tienen otras cosas que decir sin pensar en el sillón que ocupan. Y entre esas opiniones, además de la del alcalde, que es el que más y mejor debe conocer la situación, aunque guarde las distancias por su cariz institucional, me ha parecido muy oportuna la de Antonio Maillo, el coordinador regional de IU, quien ha pedido que se actúe “con un carácter integral y no abriendo debates entre administraciones para ver quién lo ha hecho peor. Tenemos que abordar el tema con sinceridad y no con un debate hipócrita reduciéndolo a los medios de seguridad y sin abordar que hay alianza de gente que se beneficia de esa impunidad de los narcotraficantes”.
Lo de la “solución integral” también lo ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y tiene el mismo valor, aunque en su caso corra el riesgo de que se lo interpreten como una excusa, de ahí la importancia del mensaje de Maíllo. No se trata de contar con más agentes, que también, sino de actuar sobre el ámbito social.
Nieto, por cierto, ha sido protagonista por partida doble de la semana. Este miércoles comparecía en la Comisión de Interior del Senado, en la que el socialista Francisco González Cabaña convirtió asimismo en asunto de Estado la situación de Pedro Pacheco en la prisión de Puerto III. Cabaña, movido no solo por el “extremismo” con que se le aplica al exalcalde de Jerez el reglamento penitenciario, sino también por la amistad que les une, puso de manifiesto, sin necesidad de artificios, el incomprensible celo con que se le aplicó recientemente la sanción que implicó su traslado de módulo. Recuerden: por un crucifijo de madera de 7 cm, tres libros de más y una almohada extra.
El secretario de Estado pudo esquivar la letra pequeña, limitarse a la respuesta oficial -reincidía y no siguió el procedimiento para introducir esos objetos en su celda-, pero argumentó que un crucifijo, según en qué manos, “puede ser un arma” -mortal, sí-; que un libro puede tener contenidos “peligrosos” -¿un manual para fugas, quizás?-; y que una segunda almohada “se puede usar para otro fin” -mejor no dar pie a la imaginación-. No quedó claro si ofreció estas respuestas para hacerlo todo más evidente, pero al menos dieron pie a que se comprometiera a que a Pacheco le den un “trato justo”, por lo de “la ley, y el espíritu de la ley”, que dijo Cabaña.
