La Fiscalía de Málaga ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado escrito de acusación contra 14 personas, entre ellas cuatro agentes de la Guardia Civil y un policía nacional, a los que se acusa por su presunta colaboración con organizaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, en concreto de hachís. En total, para el conjunto de los procesados el ministerio público pide más de 80 años de prisión.
Así, la acusación se dirige contra dos agentes del instituto armado destinados en Almuñécar (Granada) y otros dos en Nerja (Málaga), achacándoles a todos un delito contra la salud pública, aunque a uno de los destinados en la provincia malagueña se le acusa de dos delitos de tráfico de drogas y otros dos de cohecho, solicitando para éste una pena de 22 años y medio de prisión e inhabilitación por 20 años.
Asimismo, el fiscal acusa a ocho personas por un delito contra la salud pública, ya que supuestamente actuaron como intermediarios entre los que tenían la droga y los agentes, o daban cobertura a las operaciones, o, al parecer, descargaban las sustancias. Además, se acusa a un policía nacional por un delito de descubrimiento, por facilitar información, y a una mujer por falsedad.
La acusación pública considera, en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que ocho de los acusados, entre ellos los cuatro guardias civiles, formaban parte "de una organización dedicada a introducir en territorio nacional desde Marruecos importantes cantidades de la sustancia tóxica denominada hachís".
Dentro de dicho grupo, sostiene el fiscal, cada acusado tenía una misión. Así, los agentes, "bajo la dirección y coordinación" de uno de los destinados en Almuñécar, "a cambio de dinero, han favorecido la introducción en España de partidas de estupefacientes, prestando cobertura, realizando labores de vigilancia para poder detectar otras posibles dotaciones en los momentos de los alijos".
Asimismo, "participaban en los actos preparatorios y de ejecución" de una de las operaciones, relatadas en el escrito, que tuvo lugar, según las investigaciones realizadas por la propia Guardia Civil el 2 de octubre de 2009, cuando tuvieron conocimiento de que se iba a producir un alijo en la desembocadura de un río en Torrox (Málaga).
Los investigadores observaron, según el escrito, "cómo una lancha neumática llegaba a la costa, acercándose a la misma distintas personas que descargaron en la playa un número indeterminado de fardos, que ocultaron en unos cañaverales". En total, había más de 2.000 kilos de hachís, valorados en 4,3 millones de euros, y pudieron ser detenidas tres personas.
Según el fiscal, otro acusado era "el encargado de organizar y coordinar la entrada del hachís", bien "como propietario de la mercancía" o bien "como mandatario de los verdaderos dueños". En esta investigación, los agentes realizaron registros en las viviendas de varios de los acusados, donde hallaron teléfonos móviles y libretas con anotaciones, entre otros efectos.
OTRA PRESUNTA ORGANIZACIÓN
Asimismo, para el ministerio público, uno de los agentes con destino en Nerja "ha venido también colaborando, mediante precio, con otra organización dedicada a introducir en territorio nacional desde Marruecos importantes cantidades de hachís". En este caso, su supuesta participación era "en los actos preparatorios y de ejecución de una operación" en septiembre de 2009 en una playa de Nerja.
Según la acusación, esta organización estaba formada por nueve personas, de las que cuatro están acusadas en este procedimiento y el resto fue juzgado en otro caso, siendo condenados por la Audiencia de Málaga. Uno de los acusados en esta causa era, para el fiscal, el que se encargaba del grupo y fue el que dirigió dicha operación de desembarco.
Están acusados, además, la hermana del anterior, que supuestamente ponía en contacto a los miembros de la organización; el dueño de un bar, que fue intermediario entre el presunto cabecilla de la red y el guardia civil y otro hombre que realizó supuestamente labores de cobertura, seguridad y contravigilancia. En este caso, también se practicaron registros.
La Fiscalía acusa también en sus conclusiones provisionales a una empleada de una tienda de telefonía móvil, quien supuestamente vendió al anterior guardia civil varios teléfonos móviles, utilizando documentos de identidad de personas que los habían extraviado e "imitando las firmas de los verdaderos titulares".
Asimismo, se acusa a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Málaga, quien solicitó una consulta a otro agente sobre una matrícula, resultando que era de un vehículo camuflado de la Guardia Civil, dice el fiscal, quien añade que esa información se la dio a uno de los acusados, quien se la facilitó a su vez a otro de los agentes y a otros procesado.
