La Fiscalía de Málaga ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, encargado de la causa contra los controladores aéreos del aeropuerto malagueño que no acudieron a su trabajo en el conflicto del puente de la Constitución de 2010, que se practique una serie de diligencias de investigación y ha informado a favor de que el caso siga en los juzgados malagueños y no se derive a Madrid.
Esta petición se produce después de que la Audiencia de Málaga estimara el recurso presentado contra el archivo de esta causa y pidiera a la Fiscalía que informara sobre si procedía la inhibición en favor de un juzgado madrileño o la continuación de la instrucción en Málaga, así como que se pronunciara sobre las diligencias a practicar.
Esta causa se inició a raíz de una investigación de la Fiscalía sobre si hubo algún abandono del servicio por parte de los controladores, que alegaron problemas de salud para irse o no acudir al trabajo. Fue archivada dos veces por el juzgado, la primera vez se reabrió tras un recurso del fiscal y se realizó una pericial forense, y la segunda fue la Sala quien ordenó la reapertura del caso.
Ahora, a través de un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha informado, en primer lugar, de que, atendiendo el estado procesal de la causa y la originaria delimitación territorial por aeropuertos de los hechos investigados, "procede la continuación del conocimiento de los hechos en los juzgados de Málaga".
Sobre las diligencias pendientes, ha solicitado a Aena que realice un informe sobre los vuelos previstos en los turnos de tarde del día 3 de diciembre y la noche y la mañana del 4, además de que se refiera a qué autoridad decide y dónde se decide la cancelación de esos vuelos. También pide que se una a la causa el decreto regulador de la jornada laboral de los controladores.
Asimismo, ha pedido otro informe al mismo organismo sobre "el significado real de la situación de 'presencia pero no disponibilidad' en que se situaron los controladores", al que se alude en un informe policial; así como sobre si la notificación de disminución de la capacidad psicofísica alegada "les autorizaba a no gestionar los vuelos programados en ese periodo".
El ministerio público también considera procedente que se incorpore al procedimiento una copia del real decreto que declaró el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo y estima que se debe citar a Aena como responsable civil, según consta en el documento de la Fiscalía malagueña.
La Sección Primera de la Audiencia acordó la continuación de la instrucción de la causa, tras estimar el recurso presentado contra el último archivo por una acusación particular, al que se adhirió la Fiscalía malagueña. La Sala consideró que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de abandono de servicio, el cual pena tanto a los organizadores como a todos los que tomen parte del mismo.
La Sala determinó, tras el examen de las actuaciones, que "se puede inferir que pudo existir una acción concertada de todos los controladores del territorio nacional, unos 400 en total, como estrategia de presión laboral o sindical, con el abandono del servicio, todo lo cual supuso el cierre del espacio aéreo". Añadía que eso debía "ser objeto de investigación y esclarecimiento".
