La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha advertido este jueves de que si el Campo de Tiro Guadalmedina, paraje del Parque Natural de Los Montes de Málaga en el que el 10 de agosto se produjo el incendio que arrasó más de 270 hectáreas, "no cumple la normativa, habrá que sancionarlo, iniciar el expediente correspondiente y actuar como marca la ley".
En una rueda de prensa en Córdoba, la consejera ha lamentado que "una vez más se ha demostrado que el desencadenamiento del incendio ha sido por una negligencia", si bien explica que ahora se investiga el hecho de que "el campo de tiro no estaba aplicando el plan de autoprotección de incendios a finales de julio y el incendio se produjo en los primeros días del mes de agosto".
Ante ello, mantiene que "no dio tiempo por parte de la Consejería a investigar y comprobar si era así", de manera que "ahora se hacen todas las comprobaciones y si desde luego el campo de tiro no cumple la normativa, habrá que sancionarlo". Y es que, según indica, "es pura cuestión técnica", a lo que añade que "todo está reglamentado en la ley y todo se hará conforme marque la normativa".
Por tanto, Serrano ha subrayado que "no hay cuestión política ni decisiones arbitrarias que tomar", al tiempo que ha lamentado que "el incendio de los Montes de Málaga es un tema bastante polémico, sobre todo porque el Ayuntamiento está politizando un tema", que, en su opinión, "no debería ser politizado".
De este modo, apunta que en cuestiones de incendios forestales, "la responsabilidad es de todos y todos tenemos que trabajar en coordinación y unidos para evitar las consecuencias nefastas que un incendio forestal siempre tiene".
Al respecto, destaca que "el dispositivo Infoca está profesionalizado, bien dimensionado y hace perfectamente su trabajo", de manera que, según añade, "la actuación que se hizo en el incendio de los Montes de Málaga fue correcta, evitó que se propagara más el fuego y fueran más hectáreas las afectadas".
Así, reclama al Consistorio que "deje de politizar el tema y que el alcalde y los concejales se pongan a trabajar codo con codo con la Consejería y todas las fuerzas que actúan para apagar los incendios", dado que "lo mismo que hay una coordinación perfecta y magnífica con el Ministerio de Medio Ambiente y la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ayuntamiento debería cumplir su cometido, hacer sus planes de autoprotección, que nos los tiene hechos, y trabajar coordinadamente", señala Serrano.
IMPUTADOS
Cabe recordar que el equipo especializado en Medio Ambiente de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha imputado a siete personas la responsabilidad del incendio que el pasado 10 de agosto tuvo lugar en el Parque Natural de Los Montes de Málaga, concretamente en el paraje conocido como Los Anaya-Campo de Tiro Guadalmedina, y que arrasó más de 270 hectáreas.
Según los agentes de la Policía de la Junta de Andalucía, estas siete personas, de edades comprendidas entre los 50 y los 67 años, son las presuntas autoras de este incendio que arrasó una superficie de 273 hectáreas de terreno forestal, poblado de pinar y monte bajo.
De ese total, 40 hectáreas eran del propio Parque Natural y, como consecuencia de las llamas, fueron desalojadas 17 personas de los cortijos cercanos y de los empleados y huéspedes del hotel rural Humaina.
Las investigaciones de la Unidad de Policía adscrita, en colaboración con agentes de Medio Ambiente pertenecientes a la Brigada de Investigación de Causas de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente, han determinado que el incendio se inició dentro de las instalaciones de una de las galerías de tiro del complejo Tiro Guadalmedina, siendo la causa directa la supuesta práctica negligente de este deporte por parte de los usuarios que ocupaban dichas instalaciones, según han señalado en un comunicado desde el Gobierno andaluz.
Presuntamente, los proyectiles impactaron sobre las piedras y provocaron chispas que prendieron la abundante vegetación, propagándose rápidamente al carecer de las condiciones exigidas por la legislación sobre prevención de incendios forestales, entre ellas un perímetro cortafuegos.
