El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no permita injerencias del Gobierno andaluz y que las nuevas sedes de apelación de lo Penal del TSJA estén en Sevilla y Málaga.
Lara ha reclamado al CGPJ que "cumpla el acuerdo adoptado por la sala de gobierno del TSJA, no permitiendo injerencias políticas" del Gobierno andaluz, en referencia a la petición del consejero de Justicia, Emilio de Llera, de que las sedes se ubiquen en Granada.
"Exigimos al presidente del TSJA y al consejero de Justicia que apoyen y, sobre todo, respeten el acuerdo", ha señalado Lara, quien ha llamado a que "dejen de provocar enfrentamientos entre las ciudades hermanas de Málaga y Granada".
El decano ha recordado que, según la memoria del alto tribunal autonómico, Málaga es una de las ciudades con mayor litigiosidad de España y la primera en Andalucía y que en 2016 se tramitaron en Málaga 19.163 asuntos, por los 18.342 de Sevilla y "muy lejos" de los 8.715 de Granada.
Lara ha destacado que no solo se trata de una cantidad superior a la granadina, sino que los procedimientos son más complejos, con mayor número de macrocausas.
Esta reclamación llega después de que se aprobaran seis nuevas plazas de magistrado con el objetivo de posibilitar la instauración de la segunda instancia para los recursos, una cifra que permitiría la creación de una sala en Málaga y otra en Sevilla, además de las dos plazas ya existentes en Granada.
Lara ha reiterado que no se pone en duda la capitalidad judicial de Granada y que existe la opción de desplazar las salas a ambas provincias y que la de Granada la compongan los dos magistrados y el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río si no se aprueba la creación de un séptimo puesto.
La propuesta de desplazar las salas de lo Penal ha sido rechazada por instituciones granadinas y se ha creado una plataforma de apoyo a la permanencia del TSJA en Granada a raíz de lo aprobado por el órgano de gobierno sobre el desplazamiento a Sevilla y Málaga, que ya cuentan con salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social.
