La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, anunció ayer que la inmigración será “un eje prioritario” de su campaña electoral y que hablará “sin complejos” sobre este asunto, y planteó, a partir del caso de Vic, abrir el debate sobre las prestaciones sociales de los ayuntamientos.

En rueda de prensa, Sánchez-Camacho opinó que la polémica de Vic (Barcelona) sobre el empadronamiento de los inmigrantes irregulares es sólo la “punta del iceberg” de una situación que debe llevar a “solventar y clarificar” de qué manera los ayuntamientos facilitan “prestaciones sociales en condiciones de igualdad y de calidad”.

Sánchez-Camacho remarcó que en ningún caso plantea dejar sin educación ni sanidad a inmigrantes irregulares, y que su partido apuesta por “cumplir la legalidad”, pero sí criticó que la legislación actual permita que el empadronamiento sea una vía para “legalizar situaciones de irregularidad”.

A preguntas de los periodistas, tampoco aclaró en qué consiste la reforma de la Ley de Extranjería anunciada por su partido y dijo que hoy participará en una reunión con miembros de su partido en Madrid para abordar ese asunto.

Aún así, dio a entender que los cambios que defiende el PPC van ligados a la financiación de las prestaciones sociales, y comentó que a los ayuntamientos se les debe dar “medios” para proveer servicios.

“Es un debate que se ha de afrontar y tratar sin complejos”, dijo Sánchez-Camacho, que acusó a CiU y al PSC de respaldar una normativa de extranjería que permite “la regularización encubierta de inmigración irregular”.

Mientras tanto, la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Gobierno balear ha impulsado una campaña para fomentar el empadronamiento de la población inmigrante, mediante unos trípticos y folletos que se repartirán en diferentes lugares de las islas.

Según ha explicado la responsable del departamento, Fina Santiago, en estos momentos se calcula que en Baleares hay entre 10.000 y 12.000 personas inmigrantes empadronadas pero “no regularizadas”, un colectivo que podría aumentar en otras 3.000 ó 4.000 personas que no estarían ni empadronadas ni regularizadas.
“Tenemos una ley y las leyes se deben cumplir”, ha remarcado Santiago.