La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 10 años de cárcel por integración en ETA para los 43 procesados en el sumario que ha investigado a los miembros de la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, entre ellos a los ex dirigentes abertzales Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales que hoy han presentado los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal, que será la encargada de juzgar a estos 43 acusados, para los que también reclaman diez años de inhabilitación absoluta.

Además de Barrena y Petrikorena, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel para las ex responsables de Batasuna María Teresa Díaz de Heredia y Marije Fullaondo, las ex parlamentarias vascas del PCTV Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, y la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro (ANV).

Los fiscales también solicitan que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, que ya están ilegalizados y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala 61 del Tribunal Supremo.

Entre los 43 procesados figuran también el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y sus dos tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, y el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, así como José Manuel Jurado, Eusebio Lasa, Imanol Iparaguirre, Joana Regueiro, Ángel María Elcano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo y Tomasa Alejandre.

También piden 10 años de cárcel para Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Ibon Arbulu, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Ana Lizarralde, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde Arana.

El resto son Íñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Unai Fano, Maite Fernández Labastia, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Asier Arraiz Barbadillo.

Los fiscales, que sitúan el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna desde octubre de 2005 hasta 2009, señalan que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se haga "en base a la legalidad española".

Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acredita en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.

En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, los fiscales sostienen que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".

Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el Ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".

El juez Baltasar Garzón concluyó este sumario (4/08) el 1 de diciembre de 2009 y sacó del mismo a los ex dirigentes de Batasuna Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Permach, ya que están pendientes de ser juzgados por la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" controladas por la ilegalizada formación.

Entre los testigos que los fiscales quieren que declaren en el juicio figuran los tres anteriores, el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y los ex dirigentes de la formación Joseba Álvarez Forcada, Karmelo Landa y José Luis Elkoro, pendientes también de ser juzgados por ese mismo sumario.