El Ministerio Público venezolano designó hoy a un fiscal para investigar "la presunta vinculación" de Arturo Cubillas con ETA y las FARC, después de que el supuesto colaborador de la banda pidiera ser investigado, argumentando "indefensión" ante las acusaciones en su contra.

"Cubillas Fontán solicitó al Ministerio Público que se iniciara una investigación a raíz de los señalamientos públicos realizados en distintos medios de comunicación que lo relacionan con ETA y la FARC, vinculación que habría permitido la instrucción de miembros de la ETA en Venezuela", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Señaló en la nota que ha sido designado para la investigación el fiscal Richard Monasterios.

Unas horas antes, Cubillas, al que la justicia española acusa de haber ayudado a entrenar a dos presuntos miembros de ETA en Venezuela, había acudido a la Fiscalía para solicitar la apertura de la investigación con el argumento de "indefensión" ante las acusaciones que lo vinculan a la banda terrorista.

Cubillas afirmó ante el fiscal "que no tenía nada que temer y expresó su voluntad de colaborar en la investigación", dijo a Efe Marino Alvarado, el abogado que le asistió en la Fiscalía venezolana donde fue recibido por el fiscal Orlando Padrón.

El abogado señaló que Cubillas mantuvo una conversación de unos quince minutos con el fiscal, al que entregó la solicitud por escrito para que se le investigue.

"Han sido múltiples las notas de prensa mediante las cuales se me pretende atribuir haber participado en la comisión de hechos punibles, lo cual ha generado un desprestigio continuo hacia mi persona y mi familia afectando de manera considerable mi dignidad y mi reputación", dice el documento que presentó.

Cubillas solicitó el nombramiento de un fiscal para que dicte un auto de inicio de investigación "a objeto de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos imputados públicamente en medios nacionales y extranjeros, así como cualquier aspecto o actividad relacionado" con su persona.

Pidió asimismo que "se realicen todas las diligencias de investigación necesarias a objeto de verificar la veracidad de las supuestas declaraciones de dos ciudadanos vascos, a los que la prensa española atribuye haber estado en Venezuela y que hacen referencia" a él.

En el documento, solicitó también que se aclare si los dos presuntos miembros de ETA que dijeron que les había entrenado en Venezuela "fueron objeto de torturas o cualquier otro tipo de coacción en sus declaraciones".

La semana pasada, el Gobierno del presidente Hugo Chávez decidió abrir una investigación sobre las actividades de Cubillas, que tiene un cargo público en un ministerio venezolano, a raíz del auto del juez Ismael Moreno en el que se señala que ayudó a entrenar a los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance en 2008.

El presunto colaborador de ETA, que tiene nacionalidad venezolana y está casado con una ciudadana de este país, también funcionaria del Gobierno, fue deportado de Argelia a Caracas en 1989.

La Audiencia Nacional española le atribuye ser responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y de coordinar las relaciones con las FARC.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró la semana pasada que Cubillas ha mantenido una relación "seria" con ETA y que la Guardia Civil y su departamento dan credibilidad al testimonio de los integrantes del "comando Imanol" sobre que se adiestraron en Venezuela.

Tanto Rubalcaba como la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa de la Vega, se declararon convencidos de que las autoridades venezolanas desconocían los entrenamientos a los miembros de ETA y que iban a colaborar a fondo para esclarecer este caso.

Por su parte, el Gobierno venezolano refutó, en un comunicado leído por el presidente Chávez, cualquier vinculación con ETA y dijo que no se podía dar crédito a declaraciones de "dos criminales sanguinarios de la organización terrorista".

Al anunciar hoy la designación del fiscal, el Ministerio Público recordó que el Código Penal venezolano, en su artículo 290, dice que "quien hubiere sido imputado o imputada públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto".