El grupo armado de la minoría musulmana rohinyá que en octubre asaltó tres puestos fronterizos en el noreste de Birmania (Myanmar) recibe apoyo de miembros de la diáspora en Arabia Saudí y Pakistán, informó hoy International Crisis Group (ICG).
El ataque del 9 de octubre en el norte del estado Rakhine causó la muerte de nueve policías e inició una operación de seguridad del Ejército, al que se acusa de múltiples abusos contra la población civil y que mantiene la zona cerrada a la ayuda humanitaria.
ICG indicó que el grupo atacante se identifica como Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe, en árabe) y está dirigido por un comité de rohinyá con base en La Meca (Arabia Saudí), en un informe basado en entrevistas con miembros de la insurgencia.
Según la organización, la cara visible de este comité es Ata Ullah, un rohinyá nacido en Karachi (Pakistán) y educado en La Meca, y uno de los 20 rohinyá con experiencia en tácticas de guerrilla moderna que dirige las operaciones en Rakhine.
Otro miembro es el líder religioso Ziabur Rahman, rohinyá educado en Arabia Saudí que ha logrado la emisión de fatwas (edicto religioso) de clérigos saudíes, de Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, entre otros.
ICG señaló que el grupo armado se creó en 2012 tras el estallido de violencia sectaria entre la mayoría budista de Rakhine y los rohinyá, que agravó la marginación de esta minoría, a cuyos miembros las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía.
En los últimos dos años el grupo reclutó a centenares de rohinyá en Rakhine a los que entrenó en tácticas de guerrilla y explosivos, y a los que en las últimas semanas se unieron varios centenares más refugiados en Bangladesh, añadió el informe.
ICG subrayó la sofisticación de las tácticas utilizadas en el asalto de octubre, lo que le llevó a pronosticar más ataques, y el creciente apoyo de la población rohinyá local a la violencia, que atribuyó al fracaso de las políticas de las autoridades birmanas.
"La aparición de este grupo bien organizado y aparentemente bien financiado supone un punto de inflexión en los esfuerzos del gobierno para abordar los complejos desafíos en Arakan (como también se denomina Rakhine)", indicó ICG.
El ataque provocó la intervención del Ejército, al que varias organizaciones acusan de numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones, violaciones, saqueos y la quema de al menos 1.500 casas en aldeas rohinyá.
La campaña militar ha desplazado a unas 30.000 personas, la mayoría rohinyá, y ha llevado a unas 27.000 a huir hacia Bangladesh, según datos de la ONU.
La líder de facto del gobierno birmano, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha evitado comentar las denuncias y no ha visitado la zona afectada, mientras la prensa estatal bajo su control ha negado las acusaciones y defendido la legalidad de las acciones del Ejército.
ICG destacó que el grupo armado ha evitado actos de terrorismo contra civiles o centros religiosos y ha limitado los ataques a las fuerzas de seguridad con el objetivo de mejorar las derechos de los rohinyá en Birmania.
A la vez, advirtió que la operación militar y la gestión de la crisis por parte del gobierno genera una mayor desesperación y animosidad entre la población civil que puede agravar la violencia y crear las condiciones para atraer a grupos del yihadismo internacional.
Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
