La policía filipina presentó cargos por sedición contra la vicepresidenta del país, Leni Robredo, y otros 35 opositores y críticos de la administración de Rodrigo Duterte, incluidos senadores y obispos católicos, por supuestamente intentar desestabilizar al Gobierno.

El Departamento de Justicia establecerá hoy "un panel de fiscales estatales para abrir una investigación sobre el caso", a partir de las demandas interpuestas por el Grupo de Investigación Criminal del la Policía Nacional, informó en un comunicado el secretario de Justicia, Menardo Guevarra.

Entre los senadores acusados están Leila de Lima -encarcelada desde febrero de 2017 sin juicio, acusada de aceptar sobornos de narcotráficantes tras abrir una investigación en el Senado sobre la guerra presidencial contra las drogas-, y Risa Hontiveros.

También figura el exsenador Antonio Trillanes, exmilitar golpista a quien Duterte retiró el año pasado una amnistía concedida en 2011 por participar en tres intentonas golpistas, por lo que podría regresar a prisión.

Además de sedición, a los acusados también se les imputan cargos de difamación, protección de un criminal y obstrucción de la justicia.

En el último año, el mandatario ha acusado a Robredo -una de sus mayores críticas-, a los senadores de la oposición, e incluso al proscrito Partido Comunista, de conspirar para apartarlo del poder, sin presentar pruebas al respecto.

En esta ocasión, los cargos tienen que ver con cinco vídeos subidos a internet por un usuario que se identificó como "Bikoy" en abril -en plena campaña electoral para los comicios de mitad de mandato de mayo- en los que se relacionaba a la familia Duterte con el tráfico ilegal de drogas.

El entorno del mandatario se apresuró a vincular a la oposición con Bikoy pero un mes después éste reveló su identidad, Peter Joemel Advincula, un joven que aseguró que actuó solo con la única intención de destapar supuestos vínculos de Paolo Duterte, hijo del presidente, y de Bong Go, recién elegido senador y mejor amigo del mandatario, con el tráfico de drogas a gran escala.

Semanas después de su detención, Advincula reculó y afirmó que todo lo que salía en los vídeos era falso, pidió disculpas a la familia Duterte e incriminó a la oposición en el montaje, en particular a Robredo y al Partido Liberal que dirige.

En Filipinas, el presidente y el vicepresidente se votan por separado, por lo que pueden pertenecer a partidos diferentes.

Robredo, que es la siguiente en la línea de sucesión si Duterte pierde la presidencia antes del fin de su mandato en 2022, ha criticado abiertamente las políticas del presidente y a cambio ha recibido numerosos insultos y descalificaciones del mandatario.

Entre los acusados también figuran candidatos a senador de la oposición que perdieron en las elecciones de mayo, como Bam Aquino, Florin Hilbay, Gary Alejano o Samira Gutoc; los arzobispos Sócrates Villegas y Pablo David; y los obispos Honesto Ongtioco y Teodoro Bacani.

"Si esto se basa puramente en la declaración escandalosa de Advincula, podemos decir con seguridad que los cargos son totalmente infundados y que se trata de un claro hostigamiento", señaló en un comunicado el portavoz de la vicepresidenta, Barry Gutiérrez.

El portavoz presidencial, Salvador Panelo, negó hoy tajantemente que el gobierno de Duterte tenga algo que ver con las querellas.

"Estos cargos contra miembros clave de la oposición son actos claros de persecución política y hostigamiento por parte de la administración Duterte, empeñada en reprimir la disidencia democrática", denunció en un comunicado Trillanes, que acusó a la policía de trabajar al servicio del Gobierno.

Este caso ilustra "cómo se pueden imponer arbitrariamente leyes draconianas como la sedición para silenciar a los críticos del gobierno", denunció hoy Amnistía Internacional.