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Provincia de Cádiz

“El control de la inmigración y las fronteras es un negocio”

APDH-A advierte de que la externalización con países terceros y conglomerados empresariales de la política migratoria es ineficaz y compromete derechos humanos

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  • Concentración por los derechos de las personas migrantes. -
  • Jupol reclama más medios para contener los asaltos: “Cada vez son más violentos”

Michel Bustillo, delegado de Voluntarios por otro Mundo, recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de octubre la reforma del reglamento de Extranjería que facilitaría la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados e inmigrantes extutelados. “Ha dado un excelente resultado”, apunta, con más de 9.300 beneficiarios a principios del mes de junio, según los datos facilitados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien encontró una dura oposición del titular de Interior para llevar a cabo la modificación normativa. Pero Fernando Grande-Marlaska parece, sin embargo, que se ha llevado el gato al agua en política migratoria finalmente, dada “la complicidad entre España y Marruecos” en el control fronterizo.

Las organizaciones que celebraron el paso adelante dado por el Gobierno para facilitar la inserción se muestran “muy decepcionados” ante la reacción del presidente, Pedro Sánchez, a la masacre sufrida en el reciente asalto a la valla de Melilla, con 37 víctimas mortales y más de 300 heridos de diversa consideración al otro lado, en Nador, de acuerdo a la información facilitada por fuentes extraoficiales. Si bien, el jefe del Ejecutivo ha matizado sus declaraciones, en un primer momento valoró como “bien resuelto” el episodio y agradeció la intervención de la Policía Marroquí.

Mar Soriano, asesora jurídica de Solidary Whells en la ciudad autónoma, advierte de que este suceso no es puntual. “El 18 de junio hubo una redada muy importante en el Monte Gurugú”, donde se hacinan personas que huyen de “guerra cruentas y las consecuencias del cambio climático” de países como Ghana o Sudán. “La violencia y el asedio ejercidos por la Gendarmería es cada vez más fuerte”, denuncia, especialmente contra mujeres y niños. “Destrozan los asentamientos y dispersan a los migrantes a diferentes zonas del país”, asegura.

Soriano considera que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está avalando estas prácticas contrarias a la defensa de los derechos humanos. “Hay un pacto con Marruecos para reforzar la seguridad” y una “externalización del control de fronteras financiado por  parte de España y la UE sin tener en cuenta cómo se está ejecutando”, incluyendo devoluciones en caliente que desautoriza el Tribunal Supremo, agrega.

“Llevamos años denunciando la subcontratación del control fronterizo a países como Argelia, Libia o Turquía”, señala, por su parte, Ana Rosado, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), así como “la presión del lobby empresarial de la militarización” de los mismos.

En este sentido, en un reciente artículo, firmado junto con Cristina Fuentes, Rosado advierte de que el Estado parte de la necesidad de “luchar contra las supuestas mafias y/o organizaciones criminales que trafican con personas para invertir ingentes cantidades de dinero público para, junto a otras actuaciones, reforzar las fronteras no solo físicas, sino también las del imaginario colectivo”. Así lo hicieron, precisamente, con la reforma de las vallas de Ceuta y Melilla. Si bien el PSOE se comprometió a retirar las concertinas colocadas por su propio Gobierno en 2005, lo que se hizo finalmente fue sustituirlas por “una estructura en forma de peine semicilíndrico invertido con un diámetro de 1,20 metros” con un presupuesto de casi 18 millones de euros. Y así lo hacen a través de “sustanciosos contratos con grandes corporaciones o grupos empresariales que llevan años obteniendo una alta rentabilidad y que, incluso, gozan de cierto blindaje por parte de las administraciones públicas”.

Entre 2014 y 2019, el Gobierno adjudicó al menos 1.677, “la mayoría sin concurso público” por un valor de 660,4 millones”; el 70% recayeron en diez firmas dedicadas a la defensa, la construcción o los servicios como aerolíneas que llevan a cabo deportaciones. Entre estas, destaca Amper o Indra. Esta última, según Rafael Lara, integrante de la APDH-A, ha recibido la mitad del coste estimado por Valor Social entre 2002 y 2018, unos 236,8 millones de euros, del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), basado en la utilización intensiva de personal para la vigilancia de las costas por sistemas tecnológicos para la localización de embarcaciones y su posterior intervención.

Pese al coste altísimo del SIVE, las carencias son ostensibles. No en vano, ningún otro país europeo ha decidido instalarlo. Ello se debe, según Lara, a los numerosos puntos ciegos, especialmente cuando hace oleaje; la incapacidad para detectar pequeñas embarcaciones como las de tipo toys; el mal mantenimiento o el sabotaje de los narcotraficantes. Cuestiona, asimismo, su utilidad, dado “el cambio de estrategias que usan las personas inmigrantes, al menos en el mar de Alborán”. “La cuestión no es tanto llegar a la costa como el ser rescatadas por Salvamento Marítimo, por lo que es muy frecuente el aviso a los mismos de la salida de la embarcación desde Marruecos, haciendo innecesaria la detección temprana del SIVE”, concluye.

En el listado de APDH-A aparece, igualmente, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, creada en 2004 para proteger las fronteras exteriores de los países miembros de la UE y del Espacio Schengen con “poderes, instrumentos y recursos para actuar en el mar, fronteras terrestres y en los aeropuertos europeos, y controlar los flujos migratorios”. En primer lugar, la asociación advierte de que Frontex quintuplicará en 2027 su personal y triplicará la dotación económica hasta entonces, llegándose hasta los 11.000 millones de euros. Todo ello, pese “a las acusaciones de acoso, mala conducta y rechazo de personas migrantes”, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo de la UE, la Oficina Antifraude (OLAF) y la propia Comisaria Europea de Interior “han comenzado a investigar a la agencia por su falta de transparencia”.

Rosado alerta de que la dirección que llevan España y la UE “está resultando muy ineficaz para el objetivo que se pretende y generando más sufrimiento y dolor a quienes huyen de la miseria, la persecución y de las guerras”. De hecho, en 2021 hubo un récord de muertes de personas migrantes en las costas españolas, 2.126, un 24% más, pese al mantenimiento de las llegadas, salvo en Andalucía, donde el número aumenta de 10.206 a 12.456 en solo un año. Ante esto, como rezaba uno de los manifiestos, el de Andalucía Acoge, leídos esta semana en las movilizaciones que han recorrido todo el territorio, “no podemos caer en la normalización de estos sucesos. Las muertes, la violencia y el sufrimiento en la frontera no son inevitables. No podemos asumir la vulneración una y otra vez nuestro propio ordenamiento jurídico, ni los derechos humanos de las personas a las que se condena a la clandestinidad a través de unas políticas migratorias injustas.

Jupol reclama más medios para contener los asaltos: “Cada vez son más violentos”

Fuentes de Jupol lamentan las pérdidas de vidas humanas en el asalto a la valla de Melilla, pero también advierten de la extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en estos episodios “cada vez más violentos”.

“También se podrían contar compañeros entre las víctimas”, advierten, dada la escasez de medios humanos para afrontar estas operaciones. “Extranjería no es una especialidad en la Policía Nacional”, subrayan, y muchos agentes son obligados a aceptar el destino: sin experiencia, sus labores se complican.

Asimismo, lamentan el desamparo legal. “Los migrantes vienen indocumentados de países como Malí, Mauritania, Zambia o Ghana que, una vez interceptados, solo permanecen detenidos 72 horas”.

Un plazo, apuntan, del todo insuficiente para llevar a cabo las labores de identificación que permitirían la deportación. De manera que estas personas acaban en la calle en situación de ilegalidad.

 “No podemos más”, reconocen, ante lo que denominan una “burbuja de inmigración ilegal” que perjudica a quienes sí cruzan la frontera con permiso, estudios o trabajo, con el esfuerzo de sus familias.

Finalmente, alertan de que, si bien Marruecos puede controlar los flujos ahora, Argelia, tras el giro político, ha abierto la mano e inundará el Levante de pateras.

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