Pablo y Nono en Cádiz y Nati y Juani en Jerez fueron los protagonistas de las primeras bodas entre personas del mismo sexo en la provincia hace quince años. “La aprobación del matrimonio igualitario fue todo un hito, que causó mucho revuelo”, pero que hoy está afortunadamente normalizado, apunta Félix Jawara, presidente de la Federación Andaluza Arco Iris.

Desde entonces, y hasta el año 2018, último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadística, la provincia ha registrado 976 enlaces, con más de un centenar en cada uno de los dos últimos ejercicios. “El cambio de mentalidad ha sido muy importante, hasta el punto de que quien se oponía entonces, lo acepta hoy”, añade Jawara. Pero subraya que el matrimonio igualitario es reciente, una conquista del siglo XXI. Hasta el año 2000, Holanda no lo legalizó. España fue el quinto país en el mundo. Hoy son 30. Sin embargo, aún se castiga en 70.

El responsable de Arco Iris recuerda, por otra parte, que la aprobación de las bodas entre personas del mismo sexo modificó en cascada el resto de leyes que afectaban a la institución del matrimonio. De manera que se facilitó la adopción aunque, curiosamente, era uno de los argumentos más importante para quienes se oponían a este tipo de unión.

Al respecto, aún queda por hacer. Desde 2013, lesbianas y bisexuales no pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida en el Servicio Nacional de Salud. El colectivo reclama la orden ministerial que garantice el acceso a todas las personas y es partidario del denominado método ROPA, siglas en inglés de recepción de óvulos de la pareja, tratamiento de fecundación in vitro que se comparte entre ambas mujeres: una se somete a la estimulación ovárica para aportar los ovocitos y su pareja gestará el embarazo y dará a luz. El debate sobre la gestación subrogada divide al colectivo.

Por otro lado, el Gobierno está trabajando en la redacción de un proyecto de ley contra la Discriminación de las Personas Lgtbi en la que contemplará específicamente la violencia intragénero, según una reciente respuesta parlamentaria.

Para Leticia Blanco, integrante de la Asociación Orgullo y Diversidad, de La Línea, “toda violencia doméstica y machista es producto de la violencia patriarcal, reproduce dinámicas de comportamiento en que uno ejerce su poder sobre el otro”. Actualmente, la violencia intragénero se considera violencia doméstica y está regulada en los artículos 153.2 y 173.2 del Código Penal y actualmente las mujeres víctimas de violencia intragénero tienen derecho a las ayudas correspondientes estipuladas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 544 ter 6 y 544 ter 7. Jawara reclama que, en cualquier caso, se reconozcan por igual los derechos de hombres homosexuales y mujeres lesbianas o bisexuales porque su “consideración ante la violencia no tiene que ver con los genitales”.