Ningún proyecto gaditano recibirá fondos con cargo al Programa de Apoyo a la Inversión Industrial, el denominado Plan Reindus, del Ministerio de Industria, en la convocatoria de 2019. Las dos empresas que optaban en total a 1,1 millones de euros han desistido. “Es un sinsentido el aval exigido”, señala Cristina Torres, responsable de Administración de Vitriglass, firma que solicitó unos 790.000 euros para financiar un nuevo establecimiento de serigrafía industrial de cristal y vidrio en El Puerto que incrementaría la plantilla, actualmente conformada por 20 empleados, en al menos diez personas más. “La entidad bancaria se ha negado a respaldar la inversión, nos exigía medio millón de euros de capital, es inviable”, agrega.
No siempre fue así. Entre 2009 y 2012 las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización no exigían la presentación de garantías. “Al no limitarse el acceso se produjo un aumento de las solicitudes de proyectos, la mayoría de las veces sin el grado de consolidación y viabilidad necesarios para llevar a cabo un buen proyecto industrial”, advirtió el Gobierno en respuesta parlamentaria en febrero de 2018 al referirse a esta etapa, en la que, añadía, se concentró “el mayor número de préstamos e importe concedido, pero los porcentajes de ejecución son reducidos, consecuencia del aumento de los reintegros de las cantidades prestadas hasta más del 50% del importe de los proyectos”. Para explicar estos porcentajes tan altos, el Ejecutivo, con Mariano Rajoy al frente en esas fechas, apuntó a distintas causas, entre las que destacó “la renuncia del beneficiario a llevar a cabo los proyectos, a proyectos inviables económicamente o proyectos presentados con ánimo fraudulento”.
El denominado caso Bahía Competitiva, el mayor fraude cometido en la provincia con ayudas públicas, con el desvío de 21 millones de euros por parte de una trama político-empresarial con el empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña a la cabeza para desviar el dinero y el fiasco con empresas que recibieron 70 millones de euros pero no existen, como recuerda Daniel López Marijuan en El Tercer Puente, como Aeroblade, Gadir Solar o Celulosa Investiment, obligaron a cambiar las normas.
A partir del año 2012, el Ministerio de Industria exigía una garantía de al menos el 10% del préstamo y modulaba el tipo de interés en función de las garantías presentadas; elevó el tipo de interés de los préstamos; exigió una inversión mínima de 100.000 euros, de los cuales un 25% debía financiarse con fondos privados; redujo el periodo de carencia de cinco a tres años; y aplicó una evaluación económico-financiera más exhaustiva.
“Como resultado, el apoyo a estos años ha ido mejorando de manera significativa, cayendo los porcentajes de préstamos reintegrados y reduciéndose los importes no devueltos”, sostuvo el Gobierno en la citada respuesta parlamentaria, remarcando que “los reintegros se reducen hasta el 21%, es decir se han reducido las solicitudes de proyectos no viables que eran atraídos por las excepcionales condiciones de financiación sin garantías y con ellos se ha garantizado la sostenibilidad financiera del programa y se ha maximizado su impacto final en términos de creación de tejido industrial y empleo”.
Sin embargo, esto no es tal que así. Las pequeñas y medianas empresas han quedado, de facto, fuera del programa por capacidad de solvencia. Por otro, las empresas que se han visto beneficiadas no han creado necesariamente puestos de trabajo. Incluso en el caso de Acerinox, que solo en 2018 obtuvo 30,6 millones de euros para la planta de Los Barrios, aplicó a finales del año pasado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, tras meses de negociaciones y movilizaciones, se saldó con 215 despidos.
Tanto PP como PSOE, atendiendo a la demanda de la Confederación de Empresarios de Cádiz, han planteado la flexibilización de las condiciones de acceso a los incentivos, pero el compromiso se ha diluido cuando una formación u otra han accedido al Gobierno.
En el caso de los socialistas, solicitaron por medio de iniciativas parlamentarias en septiembre de 2018 “la reformulación del Plan Reindus, modificando sus bases y adaptándolas a condiciones financieras y administrativas más atractivas paras las empresas, así como permitir que las empresas públicas puedan acceder a dichas ayudas, todo ello con el fin de que se ejecuten los fondos asignados a esta provincia”. En la última moción presentada al respecto, en marzo de 2020 en el Senado, rebajan las exigencias a “mantener un tipo de interés de préstamo único para todas las empresas, siendo este el más bajo posible y conocido desde el momento de la publicación de la convocatoria”, y no hacen referencia a los requisitos de solicitud y concesión. También plantean que las comunidades autónomas participen en el proceso de informe y selección de operaciones, además de en la Comisión de Evaluación, para corregir la imposibilidad de mantener la estructura presupuestaria por zonas geográficas dispares tras la sentencia del 28 de mayo de 2018 del Tribunal Supremo que anuló la anterior orden de bases.
Suprimida la territorialidad, de modo que no se designan fondos específicos para la Bahía de Cádiz ni para el resto de comarcas o municipios del territorio nacional especialmente afectados por la desertización industrial, y dada la ineficacia del programa por los resultados, tal vez sea hora de atender a las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace un año para frenar y revisar el plan.
