Alcaldes y portavoces socialistas de toda la provincia de Granada pedirán por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire el proyecto de ley de reforma de la Administración local y que dialogue con los representantes municipales y todos los agentes sociales implicados para alcanzar un gran pacto local.
Los regidores socialistas emplazan al jefe del Ejecutivo a que deje las imposiciones y "se siente a la mesa con los ayuntamientos, los agentes sociales y los expertos en administración pública para alcanzar un acuerdo", según consta en las misivas que han registrado este miércoles en Subdelegación del Gobierno en Granada, el vicesecretario general del PSOE de Granada, José Entrena, acompañado por el secretario de Política Municipal de los socialistas granadinos, Noel López, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca.
El vicesecretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha reiterado el rechazo de su formación a la nueva legislación que promueve el PP al "atentar contra la democracia local". "Se trata de un proyecto de ley que vacía a los ayuntamientos de competencias y relega el papel de los alcaldes, que verán limitadas sus funciones prácticamente a la firma de certificados de empadronamiento", ha ironizado.
Entrena ha incidido en que este proyecto de ley "prevé el despido de 5.000 empleados públicos sólo en Granada", unos despidos que "alguna administración gobernada por el Partido Popular ya está empezando a aplicar", según ha indicado.
Ha lamentado además que esta nueva norma cree "ciudadanos de primera y de segunda categoría", en función del lugar donde residan, ya que "los vecinos que vivan en los núcleos rurales y en pequeños municipios perderán todos sus servicios públicos básicos".
"El municipalismo y los ciudadanos se juegan mucho con una reforma que puede acabar con el presente y el futuro del Estado de Bienestar en los municipios", ha añadido.
El dirigente socialista ha instado al Gobierno central a que atienda la "llamada al diálogo" expresada por los representantes socialistas y acepte iniciar conversaciones con todos los partidos políticos para retirar el actual proyecto legislativo y consensuar una reforma de la Administración local "que responda realmente a las necesidades de los ayuntamientos".
"Decimos no a la reforma porque significa el desmantelamiento o privatización de servicios básicos que cubren derechos de la ciudadanía constitucionalmente protegidos, sobre todo, en los pequeños y medianos municipios", aseguran en el documento los regidores, que advierten que la legislación significará "más paro".
También critican que el proyecto de ley haya llegado al trámite parlamentario sin consenso y a espaldas de la sociedad. Añaden que en esta reforma priman además "criterios economicistas" a partir de supuestos "falsos y demagógicos", como el que "culpa a los ayuntamientos de la deuda de las administraciones públicas, cuando ésta es del cuatro por ciento, y gran parte de ella se debe al endeudamiento de grandes ciudades".
