La defensa de los sacerdotes denunciados por supuestos abusos sexuales ha anunciado que no recurrirá el último auto del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso, y que declaró prescritos todos los delitos excepto los atribuibles al considerado líder del grupo, llamado de 'Los Romanones', el padre Román M.V.C.
En declaraciones a Europa Press, el letrado, Javier Muriel, ha confiado además en que los recursos que ya ha presentado la acusación particular, que representa al primer denunciante del caso y que llevó su caso ante el Papa Francisco, y el que presentará el lunes la acusación popular, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), no prosperen y finalmente once de los imputados queden exonerados.
Así, sólo sería investigado el padre Román, al que representa el letrado, y al que el juez atribuye inicialmente los posibles delitos de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años.
Fue el pasado lunes cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, hizo público el auto en el que declaraba prescritos todos los delitos que se le imputaban a los 12 denunciados excepto uno, el considerado líder del grupo.
Concretamente, consideraba prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. Sin embargo, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, acordó mantener la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante --que llevó su caso ante el Papa Francisco-- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior.
El juez aclaraba en su resolución que la aplicación de la prescripción no se aplica "a capricho o arbitrio judicial", sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales". Y en este caso, como señalaba en el auto, los delitos de abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión, indiciariamente, desde el año 2004 a 2007, por lo que determina "obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo".
En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba, los delitos continuados que se les imputaban --abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento-- corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo, de manera que, teniendo en cuenta que desde que se produce la mayoría de edad del principal denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, "han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos".
El abogado del primer denunciante de los abusos sexuales, el letrado Jorge Aguilera, ya ha presentado recurso de apelación contra esta resolución, reiterando sus razones para considerar que no debe contemplarse la prescripción para ninguno de los doce inicialmente imputados, diez curas y dos seglares.
De hecho, esta acusación particular considera que los hechos denunciados por la víctima, que asegura que sufrió abusos desde los 14 hasta los 17 años, pueden considerarse como un delito de corrupción de menores, agresión y abusos sexuales, que estarían castigados con penas que oscilan entre cuatro y diez años por lo que "es evidente" que no habría transcurrido el plazo legal de la prescripción, de 10 años desde el último episodio, que se habría producido en 2007.
Concretamente, atribuye al padre Román M.V.C., a dos sacerdotes más y a un profesor de Religión --los únicos que fueron detenidos por este asunto-- un delito de corrupción de menores "por su participación activa y directa en los hechos de naturaleza exhibicionista y pornográfica de la que han venido sometiendo" al denunciante durante los años 2003 a 2007. El resto de imputados, los otros ocho, participarían en el delito de corrupción de menores en su modalidad omisiva, comisión por omisión.
Con respecto al padre Román, el abogado del denunciante apunta que se le puede atribuir además un delito de abusos sexuales con prevalimiento y acceso carnal --agresión sexual--, por unos hechos que comenzaron en 2003 y que se prolongaron hasta mayo de 2007, cuando el denunciante, que había nacido el 25 de enero de 1990, contaba con 17 años cumplidos.
La Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada como acusación popular en el caso, también ha señalado que presentará un recurso de apelación el próximo lunes ante la Audiencia Provincial, y su presidente, Juan Pedro Oliver, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que el asunto no está prescrito hasta que así lo establezcan instancias judiciales superiores al Juzgado de Instrucción 4.
De hecho, ha incidido en que pese a que la Fiscalía ya se pronunció sobre la prescripción en la misma línea en la que luego lo ha hecho el juez, existen "otras dos acusaciones", la particular, que representa al denunciante, y la popular, que lleva Prodeni.
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse". El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.
