El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y subdirector general de servicios penitenciarios, Enrique Caracuel, han declarado este miércoles ante la Guardia Civil por su presunta responsabilidad en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Granada sobre los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial a una finca cercana.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, los dos comparecerán en la tarde de este miércoles o ya mañana jueves ante el Juzgado, del que es titular el magistrado Miguel Ángel del Arco, que instruye la causa en la que se le atribuye a ambos la posible comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
Aunque en principio se había apuntado a la imputación de la diputada socialista en Madrid Mercedes Gallizo por este mismo caso, su aforamiento impide que sea el juzgado granadino el que pueda tomar una decisión al respecto. Así, en el caso de que el juez considerara que existen indicios de criminalidad en su actuación enviará exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si así lo estima oportuno.
Ya el pasado 7 de julio la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Mercedes Gallizo pidió a la gestora del PSM y al Grupo Parlamentario Socialista que aplazasen su nombramiento como senadora por la Comunidad de Madrid hasta que se aclarasen los términos de su imputación.
Sobre Ángel Yuste ya se pronunció este lunes el sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que reclamó su cese tras su imputación.
En un escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno en Granada, Acaip consideró que el auto del juez sobre la imputación de Yuste demuestra la "inactividad de la institución", a través de sus funcionarios, ya que dice textualmente que las resoluciones que dictó "en los casos que se hizo algo, se limitaron a dar largas, anunciar reformas de la depuradora, que nunca se realizaron y en definitiva nunca se basaron las resoluciones en adoptar medidas de actuación efectivas".
La declaración como imputados de Yuste y Caracuel se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivara las actuaciones contra el parlamentario del PSOE y exdelegado provincial de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón en este caso, a través de una resolución en la que consideró, al igual que la Fiscalía, que la Junta "no cuenta entre sus competencias con la vigilancia, inspección y control" de la depuradora del centro penitenciario de Albolote.
DECLARACIONES PREVIAS
Por este mismo asunto ya declaró hace unas semanas ante el juez de Instrucción 6 la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Inmaculada Oria, que alegó falta de competencia de la Junta de Andalucía en los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial, situada en Albolote.
En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en sede judicial como imputada por un delito de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, mantuvo la misma línea que la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que declaró también acusada de los mismos hechos el jueves anterior.
"Con total tranquilidad" y con el "total convencimiento" de que ni ella ni ningún miembro de la Delegación de Medio Ambiente ha llevado a cabo una actuación que "no sea ajustada a derecho", dijo afrontar su declaración, en la que insistió en que las cuestiones de aguas y del dominio público hidráulico son "competencia exclusiva" del Estado desde 2011.
Asimismo, afirmó que a ella no le consta informe alguno sobre esos posibles vertidos de la cárcel, cuyo seguimiento y control correspondía al organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, concluyó que está "totalmente convencida" de que en el Estado de Derecho, "como no puede ser de otra forma", "imperará la justicia y se archivará la causa".
Su comparecencia se produjo el lunes día 29, justo cuatro días después de que declarara ante el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que también defendió su actuación en este asunto y negó que existiera competencia autonómica en este caso, con lo que confió igualmente en el archivo de las diligencias.
OTROS IMPUTADOS
El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, "y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces".
El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, "tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua".
Como consecuencia de ello, "tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias".
De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su "anuencia", se ha "prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR --la depuradora de la prisión--, a la que tienen derecho todos los ciudadanos".
Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que "era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG".
