El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha abogado por establecer una "línea roja" que no traspase la "normal contienda política" para que no se instrumentalicen los tribunales de justicia ni sean la sede donde defender ideas "propias del debate político o electoral".
Durante su intervención en el acto de apertura del año judicial celebrado esta tarde en Granada, Del Río se ha referido a las decisiones de los jueces, sin citar ningún caso en concreto, para señalar que, "al igual que los acuerdos del TSJA y su sala de Gobierno", siempre deben reflejar "el respeto a la legalidad y a la neutralidad", porque la "legitimidad del poder judicial" se nutre de esa "imparcialidad, independencia y vinculación a la ley".
"Y, precisamente, cuantas decisiones se han adoptado en asuntos sumamente sensibles, conflictivos y mediáticos, han seguido tales premisas en el marco de la mayor transparencia", ha asegurado.
Por ello, ha mostrado su preocupación ante "distorsiones" que dificultan el entendimiento entre justicia y sociedad.
Y ha pedido ser capaces de trasladar el mensaje de que "la justicia funciona, aunque podamos criticar o defender otras propuestas, con rigor, con la medida de la propia ley, con argumentos jurídicos y legales, y no por prejuicios ni adscripciones partidistas o ideológicas", ha abundado durante el acto, al que también ha asistido el consejero de Justicia, Emilio de Llera.
Al hilo de esta reflexión, Del Río ha considerado que, "a veces, se exterioriza en demasía la política en los Juzgados".
Entiende además que apartar a la Justicia de "réditos electorales" es necesario para afrontar su necesaria modernización tecnológica, legislativa y organizativa.
Ésa, la modernización de la Justicia, ha sido una de las principales reivindicaciones hechas por Del Río, para quien no se trata quizá de reclamar "más y más recursos" para resolver los problemas de "eficacia y organización" de la Justicia, sino de hacer más eficientes los disponibles con un nuevo modelo organizativo.
"Hay que coger el toro por los cuernos y comenzar de forma inmediata con actuaciones singularizadas que distribuyan y aprovechen mejor los recursos personales", ha considerado.
Aunque hay "importantes necesidades", también hay a su juicio expectativas que cumplir, como el desarrollo del decreto andaluz de la Oficina Judicial y Fiscal o la puesta en marcha del Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia diseñado por la Junta, que ha confiado se ponga pronto en marcha y no se convierta en "una nueva decepción".
El presidente del TSJA ha reclamado además unos presupuestos que permitan mejorar este servicio público a los ciudadanos, a quienes ha pedido que sitúen a la administración de justicia en el mismo nivel de prioridades que la sanidad o la educación, y ha demandado al Gobierno andaluz que "redoble" su esfuerzo en las inversiones.
Del Río, que ha repasado las últimas novedades legislativas, se ha quejado especialmente de las escasas medidas complementarias de apoyo y ha demandado planes especiales para aliviar la labor de juzgados que instruyen causas "muy complejas y sensibles" y de gran trascendencia jurídica y social que "languidecen durante años".
En el acto también ha intervenido el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien se ha referido a los casos de corrupción para asegurar que "se equivocaron y se equivocan quienes confunden nuestro respeto por las garantías del proceso y la imparcialidad con la debilidad institucional".
Tras defender la protección de los bienes jurídicos para el aseguramiento de la sociedad democrática en el futuro y la "enérgica" persecución de los casos de corrupción, ha dicho que aunque la evolución de la criminalidad no presenta cambios cuantitativos apreciables, la crisis económica sí ha agravado la "fragilidad social" de los grupos más desfavorecidos.
Esa tendencia "preocupa" a la Fiscalía, según García Calderón, que ha abogado también por acabar con la "impunidad de la explotación laboral" y ha vuelto a referirse al "agotamiento" del actual sistema de investigación criminal, determinado por "el lastre decimonónico de una excelente norma procesal pero promulgada, por extraño que parezca, en otra edad de la historia".
El fiscal ha considerado un "nuevo parcheado" las reformas en la legislación procesal llevadas a cabo este año, insuficientes para combatir las formas más graves de criminalidad asociadas a la corrupción y "otros salvajes comportamientos", ha defendido la atención a los refugiados como un "imperativo moral y un deber constitucional" y ha asegurado que las fiscalías andaluzas cumplen con su deber "sin injerencias y con plena imparcialidad".
