La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 368.296,32 euros al responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de Cespa S.A., José Antonio Pérez Santos, en relación a la huelga de la limpieza pública de Granada del año 2004.
En un auto fechado el 9 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora relata que, en 2004 y en el ámbito de la limpieza pública de Granada, se planteó por los sindicatos una huelga indefinida a la que siguieron huelgas intermitentes, siendo el "escollo fundamental" de la negociación la subida salarial reclamada por los trabajadores a las empresas adjudicatarias de las concesiones públicas para prestaciones de los servicios de limpieza, FCC-CESPA.
Estas empresas consideraban que "no resultaba factible realizar incrementos más allá del IPC, a menos que las propias administraciones locales elevaran el canon de las concesiones públicas", de manera que, "ante esta situación de conflicto", intervino el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
De esta manera, a finales de 2005 se produjo una reunión en la sede de la Dirección General de Trabajo donde participaron, entre otros, el imputado como representante de Cespa, y el también imputado Álvaro Mollinedo como representante de FCC, y en la cual el propio Guerrero "propuso a la partes que sería la Junta de Andalucía quién asumiría el pago lineal a los trabajadores durante los años de duración del convenio".
La juez indica que, con dicha premisa, se alcanzó un preacuerdo que se recogió en el convenio colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006, tras lo que, el 19 de diciembre de 2006, Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello", remitiría un escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa Y FCC con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas.
"MERA LIBERALIDAD"
El 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió varias pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en virtud de las cuales, y como cobros derivados de las citadas pólizas, las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas en los ejercicios 2006-2007, "siendo conocedor el imputado de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que Cespa solicitara ninguna ayuda o subvención, como tampoco lo había hecho FCC, siendo no obstante beneficiarias dichas empresas de las citada pólizas".
La juez dice que la Junta "asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo el imputado que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos", añadiendo que "la carencia de procedimiento llegaría incluso a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados".
La magistrada considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación y tráfico de influencias e impone al imputado una fianza civil de 276.222,24 euros más el tercio legal correspondiente, lo que da un total de 368.296,32 euros.
En un segundo auto fechado el pasado 10 de diciembre, consultado por Europa Press, la juez impone una fianza civil de 69.420,18 euros a un abogado imputado en la causa.
