El representante de la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) que ha declarado esta semana ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada por la investigación abierta en torno a la adjudicación de la Casa Ágreda ha defendido la legalidad del expediente que, según ha sostenido, se hizo a la "perfección".
Esta persona ha sido la siguiente en declarar después de que lo hayan hecho el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP); el exdirector técnico de obras municipales, Manuel Lorente, y otro funcionario de Urbanismo. Todos ellos han coincidido en negar la existencia de irregularidades en alguna de las actuaciones para la venta del derecho de superficie con opción a compra de este inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín y declarado Bien de Interés Cultural.
El representante de la Federación ha explicado a Europa Press que parte de su declaración se centró en aclarar extremos vinculados a la supuesta influencia que ejerció Torres Hurtado en esta operación y al viaje que realizaron dos ediles del PP a Marruecos con todos los gastos pagados justo después de que se diera luz verde a la adjudicación.
Para la Fiscalía estos aspectos evidenciarían un posible "tráfico de influencias", algo que descartan desde la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo.
Concretamente, este representante ha negado ante el juez que el exregidor "influyera" o "presionara" para que la oferta de la Federación para la Casa Ágresa saliera adelante, puesto que de hecho "no había más ofertas y, por tanto, nada sobre lo que influir".
Igualmente ha asegurado que Torres Hurtado no asistió a la reunión que se celebró en 2014 en el despacho de Alcaldía con Lorente y Eduardo Caracuel, este último miembro del equipo de gobierno 'popular' y cuatro representantes de AIDE Federación, para abordar este asunto.
Sobre el viaje a Rabat de dos concejales (Francisco Ledesma y Fernando Egea) para unas jornadas hispano-marroquíes "con todos los gastos pagados", matiza la federación que a ese congreso asistieron más de 60 personas entre cargos institucionales, colectivos hispano marroquíes asentados en Granada, los arquitectos encargados del proyecto y representantes de las religiones judía, musulmana y cristiana de la ciudad, entre otros.
"Se ha querido dar a entender que aquello fue un regalo, pero fue un congreso de trabajo de una semana al que los concejales se quedaron un par de días, en los que aprovecharon para visitar los distintos centros sociales en Marruecos donde AIDE Federación lleva a cabo sus acciones humanitarias. El objetivo era dar a conocer el proyecto de la Casa Ágreda para recabar ayudas económicas en aras a la restauración del palacio", agrega este representante.
Sobre el proyecto de rehabilitación que la Federación debía presentar como condición para hacerse con el derecho de superficie del inmueble, expuso al juez que "está realizado, pero no se presentó a raíz de la denuncia que dio origen a esta causa y que paralizó el proceso administrativo".
"No se puede tocar ni un euro de las subvenciones tramitadas y solicitadas para la rehabilitación de la Casa Ágreda hasta que se resuelvan los hechos porque es dinero público", defiende la Federación, que lamenta verse involucrada en lo que considera "un enfrentamiento entre partidos".
"En caso de que este tema no se resuelva, supondrá un varapalo y un grave perjuicio no solo a la sociedad granadina y a los fines sociales y culturales que la Federación AIDE quiere desarrollar en el inmueble, sino que la Casa Ágreda se quedará sin rehabilitar como lleva más de veinte años, perdiendo esas subvenciones", ha agregado.
La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto será la próxima en declarar el próximo 17 de octubre, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca --hoy alcalde--, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.
Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.
Tras la denuncia --a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto--, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.
