El perito clave para las acusaciones en el llamado caso Alhambra, en el que se juzga un supuesto fraude en los accesos al monumento entre 2002 y 2005, afirma que en este periodo hubo agencias que facturaron entradas canceladas que fueron supuestamente impresas sin seguir los cauces legales, haciendo uso para ello de los bonos de la Federación de Hostelería y generando un "exceso de aforo".
El informe pericial elaborado a petición del juzgado por este profesional, Francisco Castillo Rodríguez, cifró en 7,9 millones de euros el quebranto ocasionado al Patronato de la Alhambra. La mayoría del montante (7,1 millones) habría sido defraudado supuestamente por los empleados del patronato y el resto por las agencias Daraxatour y Wit Travel, en el marco de un caso que sienta en el banquillo de los acusados a 49 personas.
Los dictámenes de este perito han sido sometidos a contradicción en la misma sesión y sobre la marcha por el perito propuesto por la defensa del principal acusado --Francisco C.J.--, que ha descartado facturaciones dobles de entradas, como se ha sostenido. Ha defendido además que las hojas de trabajo previas de las agencias sobre las que se ha basado la pericial principal propuesta por la acusación no siempre concuerdan con la realidad de que lo que finalmente acontecía.
Durante la sesión se ha expuesto que los hoteles de la Federación de Hostelería de Granada contaban con un cupo de 200 bonos al día para que sus clientes tuvieran posibilidad de visitar el monumento, de forma que se les suministraba un resguardo con el que podían retirar su entrada.
No obstante, el perito de la acusación afirma que esos códigos también los usaron agencias de viajes y ha centrado parte de su declaración en la empresa Wit Travel, que en el periodo investigado supuestamente "usaba el código de dos hoteles para retirar entradas de la Alhambra".
Por este método, llegó a acaparar en ocasiones "más de la mitad" de los bonos diarios disponibles para los hoteles, según ha agregado. Ha ratificado además la existencia de bonos cancelados o que no fueron retirados por los cauces que permitía el Patronato de la Alhambra pero que constan como "facturados" por Wit Travel a través de otras agencias.
Esto hace pensar al profesional que pudo existir una impresión irregular de billetes, ya que "al no quedarse el Patronato con el bono original que se había cancelado, la agencia --que lo tenía en su poder-- podía imprimirlo posteriormente "por otro cauce", al tiempo que agrega que en este periodo hubo un "alto porcentaje de cancelaciones" de pases.
En este contexto ha sostenido que hubo ocasiones en las que se facturó varias veces un mismo localizador de entrada.
Este perito ha explicado que ha realizado su trabajo con los datos ofrecidos por las agencias, el Patronato de la Alhambra y la Federación de Hostelería.
En contraposición, el perito propuesto por la defensa, cuya labor se ha centrado especialmente en la empresa Daraxatour, ha mantenido que las hojas de trabajo previas de las agencias en las que se ha basado el otro informe no siempre reflejan la realidad de la facturación del día al que se refieren.
Ha descartado además que se hayan producido dobles facturaciones, sino que la entrada cancelada por un cliente era usada por otro, como ocurre en cualquier otro servicio turístico.
Los 49 acusados en esta causa se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho. No obstante, cuatro de los procesados ya han ratificado un acuerdo de conformidad ante el tribunal que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel. El juicio está previsto que se prolongue hasta el 22 de diciembre.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L..
Estas personas, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este supuesto sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.
