La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado la pena de 18 años de prisión para el coronel F.G. Santaella por su presunta participación en la organización criminal que en 2006 supuestamente introdujo toneladas de hachís procedente de Marruecos por la costa de Granada y de la que fue uno de los presuntos cabecillas recibiendo dinero a cambio de impedir que los alijos fueran interceptados por la Guardia Civil para su posterior venta.

Esta asociación profesional de guardias civiles, que está personada en el proceso como acusación popular, atribuye al coronel Santaella delitos contra la salud pública, de receptación y blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por los que solicita además 15 años de inhabilitación para él y el pago de multas que superan los diez millones de euros, según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

El colectivo ha mantenido su personación en la causa al entender que se trata "de un acto de corrupción en el cuerpo", donde este coronel, que en el momento de los hechos tenía el grado de comandante y era conocido como 'el padre', se atribuyó el mando directo de todas las operaciones antidroga de la provincia de Granada, "inutilizando y relegando a las unidades responsables de las investigaciones por narcotráfico".

El comandante controlaba presuntamente toda la información, "pues pasaba por sus manos", "moviendo a todas las unidades a su antojo y manipulando a los informadores a sus anchas sin control alguno de la cadena de mando o de instancias judiciales".

Concretamente, en enero de 2006 se habría producido una conversación en las cercanías del pantano de Cubillas entre el entonces comandante Santaella y un confidente con el que acordó la entrada de dos alijos de hachís en territorio nacional procedente de Marruecos a cambio de 120.000 euros en efectivo por cada operación, en cada una de las cuales se introducirían más de dos toneladas de droga por playas de la zona de Motril.

El supuesto papel del acusado era que la droga no fuera interceptada por la Guardia Civil, asegurando su entrada; junto a ello acordaron una tercera entrada de hachís de escasa calidad que sí sería intervenida para justificar las otras dos operaciones impunes.

Según el escrito de acusación, para justificar esta operación, el coronel Santaella comunicó a sus subordinados la existencia de una operación en tres fases en la localidad de Motril con entregas controladas de droga que deberían depositarse en una "guardería" que él controlaba de forma exclusiva, de modo que sería en la última entrega cuando se procedería a interceptar todo el material y a detener a los narcotraficantes.

Así, entre los meses de febrero y marzo de 2006 se produjo en una zona conocida como Venta de Baños el desembarco de 4.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos con un valor en el mercado de cinco millones de euros.

La droga fue cargada en un camión bajo la vigilancia de la Guardia Civil, a cuyos agentes había ordenado el acusado permitir la entrada de la droga sin desvelarles el lugar donde iba a ser depositada.

La droga "nunca fue recuperada procediéndose a su posterior distribución y venta en territorio nacional", según el escrito de acusación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que narra que la segunda entrada de droga se realizó con éxito posiblemente en la playa de Carchuna y Calahonda.

Ante los requerimientos de los agentes a sus órdenes que sí conocían la entrada de la droga y "acuciado por las sospechas", Santaella supuestamente acordó con el resto de personas vinculadas en la trama que se llevara a cabo la tercera fase de la operación, con la llegada en las proximidades de la playa de los Yesos de dos embarcaciones que descargaron 3.985 kilos de hachís valorados en más de cinco millones de euros.

Parte de la droga fue abandonada en la arena y la otra se trasladó hasta un chalet adosado en la localidad de Carchuna-Calahonda, sin que se produjeran detenciones en el operativo.

Según el escrito de acusación, días después el todavía comandante Santaella recibió 120.000 euros en su despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, como pago de su intervención en estas operaciones.

Por otra parte, la AUGC alude a la existencia de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que, a tenor de la actividad laboral del acusado, de sus ingresos, gastos y otros conceptos, se contabilizan hasta 160.000 euros de dinero en efectivo cuyo origen no se ha podido determinar. Por todo ello, atribuye al coronel un delito continuado de cohecho, la pena de seis años de prisión y multa de 300.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 15 años.

También le suma un presunto delito contra la salud pública por el que reclama para él la pena de siete años de prisión y multa de 10.000.000 de euros, más las accesorias legales y otro delito de receptación y otras conductas afines (blanqueo de capitales) por el que solicita otros cinco años de prisión y multa de 415.748 euros.

En lo que respecta a la esposa del coronel Santaella y al coronel de Asuntos Internos, la asociación profesional les ha dejado fuera de la acusación por considerar prescritos los hechos imputados, "dado los años que se dejó transcurrir sin investigar por el cuerpo, bien por amiguismo, corporativismo o falta de interés profesional", según afirman.

El colectivo subraya que finalmente los responsables anteriores de la Comandancia de Granada decidieron "hacer justicia" y "lavar los trapos sucios, investigando y "destapando los excesos del que ya se encontraba a punto de ascender a General de Brigada del Cuerpo", sin embargo lamentan que algunos de los que trabajaron cercanos al coronel imputado y que incluso le apoyaron en el Juzgado "aún ocupan destinos de calidad", mientras que quienes denunciaron todos estos hechos en su día "fueron retirados del cuerpo y tachados de malos profesionales".

PETICIÓN FISCAL

La Fiscalía de Granada ha pedido recientemente una pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública para el coronel, además de penas de cinco años y tres meses de prisión para algunas de las personas que supuestamente colaboraron con él, R.Z. y D.G.M., por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión.

La petición de la pena fiscal también incorpora el pago de una multa de 6,3 millones de euros para el coronel de la Guardia Civil, mientras que, se interesan multas de 6,1 millones a cada uno de los otros dos acusados.