Varios investigados en el llamado 'caso Serrallo' han recurrido a la Audiencia de Granada para que se les permita aportar a los peritos de la Junta diversa documentación económica que, según alegan, no tenían cuando elaboraron el informe solicitado por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada sobre el menoscabo de fondos públicos en la operación urbanística que centra este caso.
El recurso ha sido presentado por la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y varios técnicos municipales, entre ellos Manuel Lorente, contra la decisión del Juzgado de rechazar que se aporte esta documentación a los peritos alegando, entre otras cuestiones, la importancia de no dilatar el procedimiento.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que el informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta no concreta si se produjo un quebranto económico en el caso Serrallo ni su importe, lo cual es "fundamental" a la hora de tipicar el delito de malversación que se les atribuye.
De hecho, estos cuatro investigados sostienen que la negativa del Juzgado a esta diligencia de investigación les genera "indefensión" y entienden que si la UDEF, que aludió a que faltaban dos millones de euros, hubiera suministrado a la Junta toda la documentación "oficial y pública" que existe al respecto, se podrían haber resuelto "las dudas" que los peritos reflejan en su informe por ausencia de datos.
Seis investigados han declarado esta pasada semana por este asunto ante el juzgado; entre ellos Isabel Nieto, quien negó, en contra de lo expuesto por la UDEF, que "faltara algo por cobrar" de los convenios urbanísticos vinculados a la tramitación del plan parcial del Serrallo y la urbanización de los espacios libres donde se construyó supuestamente de manera irregular una discoteca junto al centro comercial. Defendió, en este sentido la existencia de facturas y documentos que "lo acreditan".
Junto a la entrega de esta documentación, en el recurso se solicita que, una vez facilitada la información, se interrogue a estos peritos para que, entre otros extremos, aclaren si de haberla tenido en su poder antes de emitir su informe, podrían haber comprobado que no existen desfases económicos.
La defensa de estos cuatro investigados lamenta que se "deniegue de plano y sin fundamentación" una diligencia "esencial" para "averiguar la verdad" respecto a si hubo perjuicio económico en la causa, a pesar de ser "rápido y sencillo", lo que evitaría llegar al juicio con estas "dudas" derivadas de la fase de instrucción, por lo que pide ahora a la Audiencia que revoque el auto del Juzgado.
