La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada ha denunciado públicamente este miércoles que el Ayuntamiento de la capital granadina "bloquea inversiones" de más de 40 de millones de euros y la creación de 1.500 puestos de trabajo directos.

En una nota de prensa, la ACP Granada ha explicado que "la falta de organización y personal alarga el trámite de concesión de licencia más de doce meses, en el mejor de los casos", renunciando de este modo "a ingresos municipales por 3,3 millones de euros en impuestos y tasas".

Estos empresarios llaman la atención sobre el hecho de que "la demanda de viviendas en Granada capital se ha incrementado en los últimos meses", y, "sin embargo, los promotores inmobiliarios sufren un incomprensible atasco cada vez que presentan una solicitud de licencias en Urbanismo".

Han indicado que, a pesar de que el sector mantiene reuniones mensuales con Urbanismo, "los plazos se alargan cada día, haciendo que se pierdan muchas oportunidades para la ciudad ya que se retrasan los proyectos de rehabilitación y obra nueva de forma sistemática".

"Este retraso afecta a la creación de empleo en Granada, ya que son más de 500 viviendas las que esperan licencia, lo que supondría la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos y 40 millones de inversión", ha señalado la ACP Granada, organización para la cual "esta falta de oferta de obra nueva conlleva que los precios de las escasas viviendas en stock suban de forma acelerada".

Entre los proyectos afectados se encuentran varios hoteles, concesionarios de coches, promociones de viviendas, obras de rehabilitación y residencias. Todo ello, según prosigue la ACP Granada, "a pesar de que, durante 2017, se hayan atendido, según fuentes municipales, 8.700 licencias, la mayor parte de las mismas de obra menor y mediante el procedimiento de declaración responsable".

Ante esta situación, ACP Granada ha solicitado que se tomen las "medidas necesarias" para que las licencias de obra comiencen a estudiarse en un plazo razonable de dos o tres semanas desde su presentación, para "poder otorgarse en un plazo máximo inferior a tres meses, con todos los requerimientos debidamente resueltos".

El sector es consciente de la "complicada situación política municipal", pero "parece razonable priorizar aquellas actividades que son generadoras de empleo y, al mismo tiempo, provocan importantes ingresos en las arcas municipales".

Además, sus representantes han indicado que, en los últimos meses, se ha visto comprometida la seguridad jurídica de varias empresas ante "la negativa a tomar decisiones en plazos razonables, lo que ha causado un grave perjuicio en el retraso del otorgamiento de licencias de primera ocupación con muchas familias perjudicadas".

"La lentitud y el bloqueo en el inicio de la tramitación del Ayuntamiento está provocando la fuga de inversiones ante el riesgo y coste económico que los plazos suponen, desviando las mismas a otros municipios", ha concluido la asociación, para la cual ello se puede agravar ante "la inminente llegada de los meses de verano, en los que aumenta la solicitud de licencias y disminuye el personal en Urbanismo por los turnos de vacaciones".