El alcalde de Algarinejo, Jorge Sánchez (PP), será juzgado el próximo 21 de noviembre en la Audiencia de Granada por un presunto delito de revelación de secretos y otro de cohecho tras difundir supuestamente una carta remitida al representante de la oposición en el Ayuntamiento por el anterior regidor, el también 'popular' Óscar Fernández, que lo denunció por ello y por un posible soborno a un testigo.
El juicio contra Jorge Sánchez, que aparece como primer suplente en la candidatura del PP de Granada al Parlamento andaluz, arrancará a las 9,30 horas en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, según consta en una cédula de citación a la que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía pide el sobreseimiento de las actuaciones, mientras que la acusación particular solicita para Sánchez y uno de sus concejales, Ignacio Cáliz, un total de siete años y medio de prisión, 10.800 euros en multas y once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno por estos dos delitos, así como una indemnización de 12.000 euros por daño moral, según consta en el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press.
Óscar Fernández, que fue alcalde con el PP, denunció al actual regidor y a su concejal por la difusión del contenido de una carta enviada por él, tras su dimisión en 2013, al portavoz municipal del PSOE. A la misiva tuvieron acceso los medios de comunicación. En 2015, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja no consideró que este documento contuviera información secreta, o que se hubiera cometido delito de tráfico de influencias según se desprendía de una grabación incorporada a la causa (en la que presuntamente el alcalde intenta extorsionar a un testigo para que declarara contra el denunciante).
Sin embargo, la Audiencia ordenó reabrir el caso en 2016. Los magistrados consideraron que la carta, en la que Fernández daba la noticia de su renuncia a su condición de alcalde, contenía además dos párrafos en las que hacía valoraciones personales de la labor del portavoz socialista, y, por tanto, de un partido diferente al suyo, extremos que, para el querellante, "debían de quedar en el ámbito reservado".
De hecho, consideraba que, de ser sus valoraciones conocidas por personas de su propio partido, ello "podría causarle perjuicios en el ámbito personal o político". Por ello, "tuvo la precaución de cerrar la carta y de depositarla en poder del secretario, en la confianza de que su contenido, dirigido exclusivamente al destinatario de la misma, quedaría fuera del conocimiento de terceros, esto es, que era secreto para cualquier persona ajena a ambos".
En aquel auto la Audiencia incidió en que un testigo (el que puede oírse en las conversaciones grabadas) ratificó, en presencia judicial, que recibió supuestas "presiones" por parte del alcalde y el concejal y que le llegaron a ofrecer a él y a su hijo sendos trabajos en el Ayuntamiento, e incluso dinero, a cambio de declarar contra el exalcalde.
También el testigo aseguró que los querellados "le hicieron saber que habían paralizado una denuncia cursada por la Policía Local de Algarinejo relacionada con su hijo con el fin de hacerle notar la influencia que tenían en la vida municipal".
