La Policía Nacional ha detenido a diez personas en una operación desarrollada en Granada contra el fraude a la Seguridad Social en la que se ha desarticulado un entramado de empresas formado por 15 sociedades dedicadas a la venta de contratos laborales para percibir prestaciones o subsidios por desempleo de forma fraudulenta.
La investigación se inició a partir de la recepción de diversos informes emitidos por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, mediante los cuales se constataba la existencia de la simulación de relaciones laborales en 15 empresas radicadas en la capital.
La actividad del entramado de empresas consistía en la simulación laboral, con la connivencia entre las partes, empresa y trabajador, en la venta de contratos de trabajo a cambio de una contraprestación económica, para que los supuestos trabajadores cotizasen en el Régimen de la Seguridad Social, a sabiendas de que en ningún momento se iba a establecer una relación laboral real y con la única finalidad de que pudiesen obtener distintas prestaciones y subsidios.
Los agentes solicitaron información ampliada sobre las 15 empresas implicadas radicadas en Granada a las Direcciones Provinciales de Granada del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al objeto de comprobar si los supuestos trabajadores hubiesen obtenido de manera fraudulenta prestaciones públicas, sirviéndose para ello de los periodos de alta anulados por la Tesorería, comprobándose que tras causar baja en las empresas investigadas, parte de los supuestos trabajadores solicitaron y percibieron diferentes prestaciones y subsidios.
MÁS DE 26.000 EUROS DEFRAUDADOS
La operación, desarrollada entre mayo y junio, ha permitido, además de las detenciones y el desmantelamiento de las empresas, destapar el importe total defraudado por los implicados a la Seguridad Social, que asciende a más de 26.400 euros.
Gracias a la investigación y las actuaciones policiales practicadas, gran parte de los investigados no llegaron a percibir prestaciones, evitándose de esta manera un fraude mayor, al haberse cancelado los periodos de cotización.
