La Fiscalía de Granada ha pedido cinco años de prisión y multas de 4.320 euros para cuatro promotores inmobiliarios acusados por la presunta comisión de delitos de falsedad de documento mercantil, en un caso que está previsto que juzgue la Sección Primera de la Audiencia Provincial los días 29 y 30 de septiembre.
Así consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press. El fiscal sostiene que los promotores, con funciones de administración en una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por dos sociedades, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar" al denunciante, se habrían quedado con aproximadamente 4,5 millones de euros que correspondían a este otro empresario, que había firmado varios contratos de opción de compra de unas fincas de Huétor Vega, en el área metropolitana granadina.
Los acusados habrían firmado, según la Fiscalía, en agosto de 2006, con el denunciante, en virtud del cual "pasaban a ser titulares de los derechos de tal opción de compra mediante la celebración simultánea de dos contratos en idénticos términos".
"En ambos contratos se fija como precio de la cesión el 57 euros por metro cuadrado, siendo enmendado (mediante tachón y sobre impresión a bolígrafo) el de 60,10 euros por metro cuadrado que inicialmente figuraba impreso en dichos contratos", especifica el fiscal.
Posteriormente, en noviembre de 2006, el denunciante fue citado en la sede de una de las empresas para un nuevo contrato en sustitución del primero "en donde se hace constar, ya sin tachón o enmienda, el precio de la cesión a 57 euros", y que posteriormente fue objeto de un procedimiento judicial por falsedad en el que el ahora perjudicado resultó absuelto, según añade el fiscal.
Para el pago de tal cesión de derechos se emitieron seis cheques a fecha de enero de 2007. Sin embargo, el vendedor sólo habría cobrado tres de ellos por un valor de unos cinco millones de euros.
Los otros tres cheques, por valor de unos 4,5 millones de euros, se expendieron pero "no se entregaron nunca al denunciante", haciendo constar el fiscal que "los acusados, actuando de común acuerdo y con ánimo de aparentar verdad, simularon el endoso de tales cheques".
En este sentido uno de los acusados habría imitado la firma del denunciante, ingresando finalmente el importe de los tres cheques en una cuenta corriente de una de las sociedades representadas por los procesados "con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito eximiéndose del pago de tales cantidades".
Por todo ello, los cuatro son acusados de la presunta comisión de un delito de falsedad de documento mercantil en concurso con otro de apropiación indebida o, alternativamente de estafa, por los que se les pide cinco años de prisión y 4.320 euros de multa a cada uno.
