El exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos (RRUU), que desde este martes se sienta junto a otras 19 personas en el banquillo de los acusados en el marco del 'caso Uniformes', ha asegurado que "todo se hizo con consentimiento técnico" y que "en ningún momento" han cometido "ningún tipo de ilegalidad".
Asimismo, ha atribuido el inicio de este procedimiento a un interés político del PSOE -que presentó la querella inicial y ejerce la acusación popular-, calificando de "injusto" que haya intentado dar la apariencia de una trama involucrando a "muchísimas personas que son ejemplares en su carrera profesional".
Así lo ha manifestado a los medios antes del inicio del juicio, que se desarrollará durante nueve sesiones en la Audiencia Provincial de Cádiz. Como se recordará, se investiga la supuesta adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento roteño y empresas municipales a mercantiles relacionadas con Sánchez y otros responsables municipales.
Entre los 20 imputados figuran también la ex alcaldesa Eva Corrales -quien causó baja en el PP tras ser condenada por el 'caso Horas Extra'- y el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), que era edil en Rota en el momento de los hechos que se investigan. Completan la lista diez funcionarios municipales y antiguos miembros de los sucesivos equipos de gobierno de PP y RRUU.
Sánchez ha aseverado que el PSOE ha intentado "venir a por mí" con esta y con otras querellas interpuestas contra él, pero "los actos administrativos no los dicta solo el alcalde, tiene que haber detrás un soporte técnico y legal". En su opinión, el PSOE ha dirigido la querella contra "todos" para que "parezca que 20 personas se han puesto de común acuerdo para un ilícito".
Ha dicho que "en todo caso puede haber algún tipo de irregularidad administrativa por errores de procedimiento, pero lo que está planteando el PSOE es injusto".
Sánchez ha explicado que en 1979 montó con otras personas una cooperativa de trabajo social dedicada a la confección de vestuario laboral -Coanda- y en 1996 montó con su esposa una empresa comercializadora de productos de vestuario laboral -Epis Rotasur-. Con esta última ha dicho que dejó de tener vinculación en el año 2000.
Siguió teniendo participación en la cooperativa, pero no cargo de administración también desde el año 2000, con lo que "por los informes del secretario del Ayuntamiento no tenía incompatibilidad". Fue a partir de 2007, cuando entra en vigor la Ley de contratos del sector público, cuando "sale de la empresa" y se queda al frente de la misma un socio con el que venía trabajando desde los inicios, el cual también está imputado por acusarle el PSOE de ser su testaferro.
Por todo ello, ha dicho que está "absolutamente tranquilo", pues "en ningún momento ha habido apropiación indebida o lo que hoy se está promulgando como delitos de corrupción".
A preguntas de los periodistas, ha apuntado que las empresas con las que había estado vinculado en el pasado eran "suministradoras habituales" del Ayuntamiento desde su origen, también con anteriores gobiernos municipales del PSOE.
"TOTAL DESCONOCIMIENTO"
Por su parte, el letrado Manuel Hortas, que ejerce la defensa de Eva Corrales, ha dicho que su patrocinada tuvo "una acción política en el Ayuntamiento de Rota, no una acción económica con ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno Local" y, por tanto, "ni es consciente ni tiene por qué saber qué relaciones mercantiles tiene cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno con otras sociedades".
Hortas, que también representa a Antonio Peña, ha incidido en que se limitaban a aprobar acuerdos de contrataciones en la Junta de Gobierno Local, considerando "aventurada" la afirmación de la acusación -que ejercen la Fiscalía y el PSOE- de que "se puede saber qué intereses económicos tiene otra persona por el simple hecho de que la conozcas".
En este sentido, ha puntualizado que con anterioridad a la Ley de transparencia las declaraciones de intereses de los miembros de la Corporación eran "reservadas" y era el secretario del Ayuntamiento quien "las tenía en su poder". Además, ha añadido que en este hay dos fases: la anterior y la posterior a la Ley de contrataciones del sector público.
Por otro lado, Antonio Peña se ha preguntado qué han hecho para estar en esta situación cuando se han limitado a "cumplir la norma y seguir todos los trámites legales", aprobando en la Junta de Gobierno cuestiones que llegaban "sin informe negativo por parte de ningún técnico".
Ha asegurado que "desconocía totalmente" cualquier vinculación de cualquier compañero con empresas con las que el Ayuntamiento contrataba. En su opinión, el "error" puede haber sido decir "pues vale" en una Junta de Gobierno a la aprobación de expedientes "tras haber pasado todos los trámites" y "cuando el secretario te dice que todo está 'sin problema'".
Peña ha considerado que el procedimiento puede deberse a "algún error administrativo, pero nada más" porque no ha cometido "ninguna ilegalidad". Por ello, ha dicho que confía "plenamente" en la justicia, que "todos se aclarará y quedará como un mal sueño".
Por último, ha señalado que si resulta condenado no se va a quedar "parado" y seguirá intentando "aclarar la verdad", ya que después de 30 años dedicado a la política no está dispuesto a "salir por la puerta falsa sin haber cometido ningún delito".
RECHAZADA LA PETICIÓN DE NULIDAD
En la primera sesión del juicio, las defensas han solicitado en las cuestiones previas la nulidad del juicio argumentando la vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Entre otras cuestiones, han argumentado que los imputados se han visto obligados a facilitar documentación -tanto a la Fiscalía como a la acusación y al juzgado instructor- que podría utilizarse para inculparlos, haciendo una analogía con el derecho de no declarar contra uno mismo.
Esta cuestión ha sido rechazada atendiendo a que no se han solicitado documentos privados, sino documentos públicos. Además, los requerimientos se han dirigido a la Corporación y no a una persona concreta, lo que conlleva a que en dicho supuesto podría haberse delegado la expedición de la documentación oportuna en otra persona ajena a la causa.
También han aludido a una posible incompatibilidad teniendo en cuenta que el letrado que ejerce la acusación popular, Daniel Manrique, es el firmante de la querella inicial del PSOE y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota desde las pasadas elecciones municipales.
Este argumento también ha sido rechazado atendiendo a que el edil no tiene dedicación exclusiva y a que tomó posesión del cargo como teniente de alcalde de Régimen Interior después de que finalizara la instrucción del caso, no habiéndose requerido más documentación desde ese momento.
Posteriormente, ha comenzado el interrogatorio de los imputados, habiendo declarado en esta primera sesión siete de ellos --eis funcionarios y el exconcejal de Roteños Unidos Jesús María Corrales-, quienes han contestado únicamente a las preguntas de sus letrados y del fiscal y han negado su responsabilidad en los hechos.
El juicio se retoma este martes con la declaración de más imputados, siendo la primera en declarar Eva Corrales, que en el periodo investigado ostentó los cargos de teniente de alcalde y de alcaldesa de la localidad.
Cabe recordar que la Fiscalía solicita para los acusados penas que van desde los nueve años de inhabilitación a los cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación que reclama para Lorenzo Sánchez, a quien considera responsable de los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada continuada y falsedad.
