Ante las consecuencias económicas que supone para los Consistorios el Plan de Pago a Proveedores, Izquierda Unida Rota presentará al próximo pleno una moción para su debate en la que se solicitará al Gobierno Central una moratoria de dos años ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4/2012. De esta manera, según IU se evitaría que desde el próximo mes de agosto los Ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital del citado plan, “circunstancia que pondría en peligro la estabilidad de muchos de ellos”.
Al mismo tiempo, esta moción de los izquierdistas pretende instar al Gobierno Central a solucionar “el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos, tras las recientes sentencias judiciales condenando a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los mecanismos de planes de pago a proveedores”. Izquierda Unida considera que es el Gobierno Central el que debe hacer frente a esos intereses.
En este sentido, Izquierda Unida explica que “uno de los grandes logros que vendió el gobierno al resto de las administraciones públicas para invitarles a acogerse a estos mecanismos fue que las entidades comerciales que optasen por cobrar por estos planes renunciaban voluntariamente a los intereses de demora, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales”. Sin embargo recientemente han comenzado a recaer sentencias en el sentido contrario, reconociendo el derecho de los proveedores a cobrar unos intereses que alcanzan casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3000 millones de euros en todo el Estado
Por último, IU dará traslado de la presente moción al presidente de la FEMP, al presidente de la FAMP, a la presidenta de la Diputación de Cádiz, a la presidenta de la Junta de Andalucía, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Presidente de Gobierno de la Nación.
Desde Izquierda Unida se recuerda que a través de diferentes mecanismos conocidos como Planes de pago a proveedores, el Gobierno Central forzó a las administraciones públicas a contraer préstamos con el objetivo de reducir la elevada deuda comercial existente. Estos planes se articularon en diferentes fases reguladas por los Reales Decretos Leyes 4/2012, 4/2013 y 8/2013, incluyendo los dos primeros aquellos gastos anteriores al ejercicio 2012 y el tercero los gastos anteriores a 31 de marzo de 2013.
Fruto de estos mecanismos, las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas, si bien, tal y como explican desde IU, “esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras, que tendrá graves consecuencias para los ayuntamientos si el Gobierno Central no actúa con urgencia”.
