El tiempo en: Vejer

San Fernando

Con el dinero del alquiler de coches patrulla se compran los cinco

Todavía sobraría para atender la insuficiencia de uniformidad reglamentaria y de chalecos antibalas para los agentes, dicen desde el SPLI.

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai
  • Uno de los desvencijados coches. -

El Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) de San Fernando considera que con 292.000 euros para el contrato de suministro de vehículos destinados a la Jefatura de la Policía Local de San Fernando, en régimen de arrendamiento con opción a compra anunciado por el Gobierno municipal, “se pueden comprar más de cinco vehículos y atenderse la insuficiencia de uniformidad reglamentaria y de chalecos antibalas, adaptados al Nivel IV de alerta, que también se vienen demandado en la plantilla policial”.

El sindicato dice que de nuevo el equipo de gobierno se anticipa a una nueva compra sin contar con los representantes de los trabajadores, incumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Acuerdo de Funcionarios vigente, al no garantizarse el derecho de los funcionarios de la Policía Local a una protección eficaz y una adecuada política de seguridad, salud e higiene en el desempeño de la actividad pública.

El SPLI recuerda que incluso en esta legislatura, una Inspectora de Trabajo tuvo que visitar la Jefatura de la Policía Local para comprobar que la pantalla de separación de detenidos, en los vehículos patrullas híbridos, complica el desplazamiento de los asientos delanteros siendo un riesgo, no sólo para la conducción y el conductor que lo maneja sino que también para los demás usuarios de la vía, lo que puede volver a suceder con los cinco nuevos vehículo híbridos.

“Por decisión caprichosa en esta legislatura, al no contar con la negociación colectiva previa con los representantes sindicales, hay que recordar las compras lamentables de 27 chalecos antibalas devueltos por inadecuados para el trabajo policial y otros 35 chalecos distintos adquiridos este año carecen de efectividad contra los ataques con arma blanca, lo que demuestra una mala gestión de esta Administración Local en la adquisición del material profesional para el colectivo de la Policía Local”, dice el sindicato.

En cuanto a los dos últimos vehículos híbridos que fueron retirado por finalización de los 48 meses del contrato de alquiler con la empresa adjudicataria, vehículos policiales de los denominados renting, no cumplían la normativa vigente, puesto que no pasaban dicha ITV conforme al Reglamento General de Vehículos.

Incumplían pues la normativa en la cual se regula la obligación de pasar ITV extraordinaria por cambio de uso, servicio, dedicación o destino del vehículo y todo ello en relación al artículo 68.2 del mismo Reglamento, realizándolo como vehículos normales de uso particular, al no constar en la documentación el servicio al que se destina el vehículo. En este caso un servicio público y su uso de Policía, por lo que es necesario proceder a la renovación del permiso de circulación del vehículo.

Los vehículos que son utilizados por los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de San Fernando diariamente las 24 horas del día durante todo el año, requieren inspecciones técnicas periódicas y extraordinarias y para ello la normativa ya ha dispuesto para este tipo de servicio que conforme a su antigüedad, hasta los cinco años su frecuencia sea anual y a partir de los cinco años sea semestral.

“El equipo de gobierno no tiene el más mínimo interés en solucionar los problemas de sus funcionarios policiales en esta legislatura. Tampoco está en el ánimo de la señora alcaldesa como superior autoridad de la Jefatura del Cuerpo y su concejal de Policía Local y Recursos Humanos, el reunirse con los representantes sindicales para garantizar un servicio policial con un mínimo de seguridad”, dice el sindicato.

“Su falta de respuesta deja a la plantilla de la Policía Local de San Fernando en una situación de riesgo para la salud, de inseguridad y de abandono total, lo que hace imposible cumplir con la obligación de garantizar un servicio público sin generar una cantidad escandalosa de 292.000 euros”, según el SPLI.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN