La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, Ana González, ha informado este lunes en la residencia Huerta Palacios de Dos Hermanas (Sevilla) sobre la aprobación del Decreto de la Historia Social Única, "un sistema de información unificado en los servicios sociales que tiene entre sus objetivos simplificar los procesos y facilitar las gestiones a la ciudadanía para ofrecer una atención integral y de calidad".
En la provincia hay 316.000 personas --305.000 usuarios y 11.000 profesionales-- solo en el sector de los servicios sociales comunitarios a quienes se dirige esta herramienta, si bien cualquier andaluz puede llegar a ser usuario de los servicios sociales en ámbitos como el de la dependencia, al que accede la mayoría de la población en fases de edad avanzada, tal como ha apuntado la Junta en una nota de prensa.
De esta forma, Andalucía se convierte en una "región de referencia", tanto en el marco europeo como estatal, en la gestión de los sistemas de información del ámbito de los servicios sociales y en la extensión de los derechos que redundan en el Estado del Bienestar. Hasta el momento, no existía ningún sistema de información como ocurre con el Séneca en Educación o el Diraya de Salud. El coste de esta Historia Social Única ha sido de 21 millones de euros.
"Ésta es la forma de integrar e incorporar en un único sistema electrónico toda la información de los servicios sociales comunitarios y especializados, así como la correspondiente a las entidades, tanto públicas como privadas, proveedoras de estos servicios, reorganizando los recursos y perfeccionando los procedimientos", ha señalado González.
La Historia Social Única Electrónica, por una parte, va a facilitar a las entidades locales los procesos de intervención de los servicios sociales comunitarios. Por otra parte, los profesionales verán cómo sus procesos de trabajo "mejoran" porque van a poder compartir y consultar la trayectoria de los usuarios con "garantías suficientes de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales".
Además, ha señalado la delegada, "los propios usuarios podrán acceder a información de su interés, consultar sus expedientes administrativos, obtener certificaciones como la valoración y reconocimiento de discapacidad, la acreditación de una situación de vulnerabilidad o la percepción de prestaciones económicas".
Según el estudio realizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre la organización, recursos humanos y financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, se utilizan hasta quince aplicaciones para poder gestionar las prestaciones de las personas usuarias, lo que provoca duplicidad de trabajo.
Ahora, con el objetivo de que el personal de trabajo social pueda emplear su tiempo en realizar intervenciones sociales y enfocar su trabajo hacia la prescripción, ProgreSSa va a permitir llevar a cabo la gestión ordinaria de las prestaciones, generar y realizar seguimiento de la ficha social, elaboración y evaluación de los proyectos de intervención social, traslados de expedientes y crear un cuadro de mando para la explotación apropiada de datos en el marco de los servicios sociales comunitarios.
Por otra parte, para el análisis, desarrollo e implantación de la Historia Social Única, CoheSSiona está integrado por repositorios de información, de episodios y apuntes, un módulo estadístico para tomar decisiones en base a la evidencia de los datos y un último módulo de visores de las entidades colaboradoras, ciudadanía y profesionales.
Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el objetivo de reforzar la colaboración mutua en materia de políticas sociales, con el que se ha podido establecer el marco jurídico con el que dar cobertura a la interacción entre la Administración regional y las entidades locales.
De esta manera, la próxima semana se pondrá en marcha en las entidades locales que han colaborado previamente en la implantación de la HSU: las diputaciones de Granada y Huelva; y los ayuntamientos de Málaga, Jerez de la Frontera, La Rinconada y Morón de la Frontera. Y a partir de ahí, a través de ese convenio con la FAMP, se implantará en el resto de ayuntamientos de Andalucía.
