Montemarta-Cónica, el mayor vertedero de la provincia de Sevilla y que gestiona Aborgase, tendría que abonar en el año 2023 unos 20 millones de euros por el nuevo impuesto a vertederos que entra en vigor el 1 de enero, según las estimaciones realizadas por la ONG Rethinking a partir de la recaudación contemplada en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el próximo año y que en estos momentos está en pleno debate de enmiendas en el Parlamento.
El próximo 1 de enero de 2023 entrará en vigor el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, figura impositiva de carácter nacional y por el que la Junta de Andalucía tiene contemplado en su proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 recaudar en toda la comunidad 119 millones de euros.
De esa cuantía, el 16,8%, es decir, 20 millones de euros, corresponderían a las instalaciones que Aborgase gestiona en Alcalá de Guadaíra y al que van los residuos sólidos urbanos de la capital y de los principales municipios de su área metropolitana, una cuantía que se extrae al extrapolar los datos del total de residuos que terminan siendo rechazados y depositados en vertedero, un 85,9% de los que entran en la planta, según los datos de 2018, los últimos de los que se dispone.
El 85,9% a vertedero
Según las estimaciones realizadas por la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos, a partir de esos últimos datos, la planta de Montemarta-Cónica recibe 425.287,6 toneladas de residuos en masa en triaje en la planta de compostaje, de los que se recuperan 711 toneladas de papel/cartón, algo más de 23 toneladas de compuestos y 2.385 de otros materiales, a los que hay que añadir las 10.916 toneladas que se estabilizan.
El resto del material, es decir, 365.501,92 toneladas, va directamente a vertedero, sin incineración contemplada, lo que supone el 85,9% del total, siendo recuperado sólo el 1,8% y bioestabilizado, un 2,6% de lo que entra en compostaje.
Con respecto a la planta de clasificación, de las 11.383 toneladas que entran en Montemarta-Cónica, se recuperan 714 toneladas de otros compuestos mientras que termina en vertedero las 5.325,5 toneladas restantes, es decir, el 46,8%, lo que implica que apenas se supera la mitad de de lo que entra en la planta de clasificación.
Con estos datos y teniendo en cuenta que el tipo impositivo general para residuos municipales es de 40 euros por toneladas; 30 euros el de rechazo de residuos municipales y entre 10 y 15 euros el de otro tipo de residuos, la extrapolación de la estimación que realiza la Junta de Andalucía llevaría a estimar en 20 millones de euros los que tendría que pagar Aborgase por las más de 370.000 toneladas que no consigue revalorizar y que terminan finalmente en el vertedero.
Según este cálculo, Aborgase tendría que pagar 20.037.121 euros en total por sus instalaciones de Montemarta-Cónica, 6.493.201 euros por vertidos directos a 40 euros la tonelada y 13.543.920 (30 euros) por el rechazo en las instalaciones, teniendo en cuenta que son 162.330 toneladas las que se vierten directamente al vertedero, 451.464 toneladas las que se rechazan en la planta de tratamiento y 613.794 el total de toneladas que se quedan en los vasos de depósitos que ahora quiere ampliar la compañía.
Sobre este aspecto, el presidente y cofundador la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos, Francisco Peula, la última webinar que ha ofrecido la Agencia Tributaria, celebrada el pasado martes 13, sobre este impuesto, dejaba en evidencia que la tasa se cobrará a Aborgase “porque es el operador” que gestiona los residuos.
¿A quién se cobrará?
Al respecto, se ha preguntado a quién cobrará la empresa este sobrecoste de 20 millones de euros derivado del volumen tan alto de residuos que finalmente terminan en el vertedero y quién será ese usuario, si será a la propia Mancomunidad de los Alcores o directamente a los Ayuntamientos. Y si se cobra, en base a qué contrato se realizaría si, además, no se ha incluido en los presupuestos de la entidad o de los municipios afectados.
Aborgase no sólo vierte al vertedero el 86% de los residuos que le llegan, según los datos de 2019, y tiene difícil cumplir el objetivo de reducir al 65% esa cantidad en el año 2025, al 75% en 2030 y al 85% en 2035, sino que además ha solicitado a la Junta que le amplíen la duración del vertedero hasta los 60 años y cuenta, además, con casi 300.000 metros cuadrados en la finca de Montemarta-Cónica para seguir enterrando residuos en futuros vasos si le dan la autorización.
La petición de Aborgase, cuyos resultados de recuperación de residuos distan mucho de los cumplimientos de la legislación ambiental y de la economía circular que inspiran las nuevas normativas, se registró en abril de este año, dos meses antes de que el Tribunal de Cuentas emitiese un durísimo informe sobre la Mancomunidad de los Alcores, con medio centenar de irregularidades entre las que se encuentra, precisamente, la prórroga forzosa desde 2016 de la concesión administrativa gracias a la que gestiona la planta de Montemarta-Cónica en Alcalá de Guadaíra.
El informe no sólo insta a licitar ya una nueva concesión administrativa para la gestión de este servicio, sino que revela multitud de irregularidades en el funcionamiento de la Mancomunidad en cuanto a la prestación y cobro de los diferentes servicios, que se han abonado directamente y durante años a una empresa privada, Aborgase, sin que la entidad pública, de la que forman parte directamente seis municipios, entre ellos la capital, y otros 36 de manera indirecta (porque nunca se ha formalizado legalmente su integración), haya ofrecido datos fiscalizables. El Tribunal de Cuentas aseguraba de forma contundente que es imposible conocer la situación financiera de la entidad y su fiscalización.
Instrumento clave para la economía circular
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en la que se incluye el impuesto al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, califica esta carga fiscal como un "instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos”.
Se trata de desincentivar esta práctica para contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la economía, como por ejemplo los reciclados.
La nueva norma establece objetivos de prevención de residuos para reducir su peso en un 13 por ciento respecto a los generados en 2010 en 2025 y un 15 por ciento en 2030, además de marcarse el reto de rebajar a la mitad la pérdida de desperdicio alimentario en 2030, al tiempo que retira el IVA a las donaciones de productos a las ONG como los bancos de alimentos.
Además prohíbe la destrucción o eliminación en depósito en vertedero los excedentes que no se vendan en los productos no perecederos, como textil, juguetes o aparatos eléctricos, que primero se destinarán a los canales de reutilización, incluida la donación, o bien a la preparación para su reutilización.
