Las defensas del que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y del exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres han alegado este jueves indefensión de sus clientes ante una causa judicial por crear un puesto 'ad hoc' que consideran "prospectiva".
Tanto Villén, condenado hace ahora justo un año en otra causa por pagos ilícitos en prostíbulos, como Torres se sientan desde este jueves en el banquillo de la Audiencia de Sevilla acusados de malversación y prevaricación por crear presuntamente de manera arbitraria un puesto de trabajo en la Faffe para el exregidor.
La primera sesión del juicio, que acoge la Sección Tercera y derivado de una pieza separada del caso Faffe, ha estado centrada en las cuestiones previas planteadas en su mayoría por las defensas de los acusados, un asunto que según ha avanzado el presidente del tribunal será resuelto en sentencia.
Villén se enfrenta a una petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción de cuatro años de prisión por malversación y diez de inhabilitación especial por prevaricación, mientras que para Torres -como cooperador necesario- pide dos años y medio de cárcel por el primero de los delitos y cuatro de inhabilitación por el segundo.
Las defensas del exdirector de la Faffe y del exalcalde han alegado vulneración de derechos fundamentales e indefensión ante una causa que han calificado de "prospectiva", aquella en la que "se investiga para ver qué se encuentra".
'Pena de banquillo'
"Aquí se está llegando de cualquier manera a cualquier sitio. ¿Dónde está el indicio de delito?, ¿Dónde está la causa última de la imputación", ha expuesto el letrado de Torres, quien también cree que en su cliente se ha producido una vulneración de derecho a la participación política, y ha lamentado que haya tenido que "pasar una pena de banquillo prolongadísima".
Por su parte, el abogado de Villén también ha alegado vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva e indefensión por la "prospección" de la causa, lo que conllevaría en su opinión una sentencia absolutoria.
El fiscal, en respuesta a estas cuestiones previas que ha pedido que sean desestimadas, ha negado que se hayan vulnerado derechos porque no hubo investigación prospectiva ni inquisitiva, y ha insistido en que el motivo de la causa estaba claro: "Torres estaba en su casa y cobrando. No acudía a su puesto de trabajo".
"No es que los políticos tengan que tener cuidado en el acceso al empleo público, es que tienen que cumplir los requisitos y la normativa", ha replicado el fiscal, quien ha recalcado que las razones de la investigación estaban "claras": una contratación 'ficticia' y cobrar 'sin trabajar'.
Las otras acusaciones, ejercidas por la Junta de Andalucía y el Partido Popular, se han adherido a las tesis de la Fiscalía, y todas han aceptado que los acusados puedan declarar al final de la vista, previsiblemente el próximo 14 de octubre.
Escrito de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción relata en su escrito que Fernando Villén, como director general técnico de la fundación Faffe, tenía facultades para contratar y despedir empleados, en las condiciones establecidas en la legislación y convenios colectivos vigentes.
Por su parte, Antonio Torres había sido alcalde de la localidad sevillana de Lebrija por el PSOE desde las primeras elecciones democráticas y, tras los comicios de 2003, perdió este puesto después de 24 años, lo que "desencadenó su contratación en la fundación".
Torres acudió directamente a Villén pidiendo trabajo y este último accedió con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe, según la Fiscalía, que considera esta labor innecesaria pues la fundación ya era financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público.
'No desempeñaba trabajo alguno'
Además, no consta que Torres, quien exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo -a lo que accedió igualmente el acusado- e impuso sus condiciones salariales, se encargara "en ningún momento" de este aspecto financiero.
Como el organigrama administrativo de la fundación no contemplaba puesto para Torres, el acusado creó uno 'ad hoc', "que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas".
La acusación pública señala que dicho departamento es "inexistente", no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho el acusado no acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno.
El acusado fue finalmente contratado, suscribiendo Villén personalmente el contrato el 13 de julio de 2003, con una retribución anual de 46.750 euros como gestor de recursos municipales con categoría de mando.
