Los rectores de las universidades públicas de Andalucía han exigido este martes el cumplimiento de los acuerdos de financiación firmados con el Gobierno andaluz, advirtiendo que recurrirán a “vías legales” si la Junta no abona los 50 millones de euros pendientes y rechazan la última oferta realizada, un pago puntual de 21 millones de euros.
Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la Fábrica de Tabacos, el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, señaló que las instituciones educativas se están viendo afectadas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración andaluza en materia de financiación.
En particular, los rectores reclaman el abono de 50 millones de euros que, aseguran, la Junta aún adeuda por el modelo de financiación vigente y los acuerdos suscritos con la Consejería de Universidad , Investigación y Innovación, Sindicatos y Universidades Públicas. Este dinero está destinado a los complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).
Oliva dejó claro que, ante la falta de pago, las universidades no descartan recurrir a las “vías legales” para hacer cumplir los acuerdos, subrayando que de no solucionarse la situación, se estaría produciendo un recorte unilateral de la financiación estructural de las universidades, lo que afectaría a la calidad educativa y a la estabilidad de las instituciones. “Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para exigir que se cumpla la legislación andaluza”.
El punto de inflexión se encuentra en una propuesta recibida esta mañana por los rectores de la Consejería de la Universidad, que ofrece una transferencia de 21 millones de euros. Cifra insuficiente, tanto por su cuantía como por su carácter no consolidable. Es decir, los 21 millones no se incorporarían a los presupuestos del sistema universitario andaluz para años sucesivos, lo que haría que este dinero no fuera suficiente para cubrir los compromisos a largo plazo. “Con esta cantidad, podremos pagar los complementos retributivos solamente este año, pero no en 2025 ni en los siguientes”, aclara Oliva.
Aunque los rectores reconocieron que se está avanzando en las negociaciones y valoraron la disposición de la Junta para encontrar una solución, recalcaron que la propuesta de 21 millones de euros está lejos de cumplir con los requisitos.
De cara al futuro inmediato, los rectores han convocado una reunión este jueves este jueves de la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en la que esperan llegar a un acuerdo definitivo que permita cumplir con los acuerdos firmados y garantizar la estabilidad financiera de las universidades. Sin embargo, la amenaza de tomar medidas legales persiste, en caso de que la Junta no cumpla con sus obligaciones antes de que finalice el año.
A sólo 15 días del cierre del año, los rectores siguen sin ver una solución definitiva, y la situación sigue siendo crítica para la financiación y sostenibilidad de las universidades públicas andaluzas.
