Un somero repaso a la prensa de las últimas 48 horas nos ofrece titulares e informaciones como los que recojo a continuación. Los empresarios del grupo La Raza ratifican en el juicio por el caso Mercasevilla que intentaron extorsionarlos en nombre de la Junta de Andalucía y que les dieron instrucciones para que dejaran ‘olvidado’ en la sede del Merca un maletín con 300.000 euros.
Zaplana ocultó que pagó el equivalente a 6 millones de euros a Julio Iglesias en 1997. El cantante reconoció ante un juez dominicano el 29 de mayo que cobró 990 millones de pesetas (5,95 millones de euros) a raíz de los contratos firmados en diciembre de 1997 con el Ivex, una cifra que supone 3
millones de euros más de lo que el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana (PP), aseguró haber pagado al artista por promocionar la Comunidad Valenciana.
La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular facturas de varias Consejerías por valor de 223 millones de euros al ejercicio siguiente para cumplir el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central. A ello se suman otros 188,2 millones como “gasto no contabilizado” en 2010 del Sergas, el Servicio Gallego de Salud.
Mientras que 3 millones de personas han perdido su puesto de trabajo durante la crisis en el sector privado, el personal del sector público creció en 2.476 personas en 2011, un 0,09% más... La tasa de reposición de personal y el incremento en 9.598 trabajadores de la plantilla de las comunidades autónomas provocaron este crecimiento.
En España todavía hay organismos públicos inmunes a la crisis. Este es el caso de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que ajena a los recortes, y, en general, al ajuste del gasto público, mantiene sus privilegios en estado puro. Varios ejemplos. El sueldo de cada uno de los siete consejeros -un presidente, un vicepresidente y cinco vocales- supera los 7.000 euros mensuales (incluida productividad); todos y cada uno tienen coche oficial y chófer, y lo que no es menos relevante, disfrutan de los mismos beneficios extrasalariales que los diputados de la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, en transportes o asistencia sanitaria.... ¿Y cuántos informes de fiscalización redactan al año? Pues en 2011 la cosecha se cerró con once informes, lo que supone que cada uno de ellos costó al erario público algo más de 700.000 euros.
Y encima se sorprenden de que en el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas los españoles identifiquen a la clase política como el tercer problema más importante de España, tras el paro y la crisis económica.
