El magistrado presidente ha presentado hoy al jurado que enjuicia la presunta petición de comisiones en Mercasevilla trece preguntas para emitir su veredicto, entre ellas si los acusados pidieron 450.000 euros para "enriquecerse ilícitamente" y con "conocimiento de la ilegalidad" de su actitud.
El objeto del veredicto ha sido presentado hoy, tras cinco horas de debates entre el magistrado presidente, el fiscal y los abogados de los cuatro acusados: el exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira.
Solo una de las trece preguntas se refieren a Rivas para determinar si, al saber que la Escuela de Hostelería de Mercasevilla había recibido una subvención de 900.000 euros de la Junta, se puso en contacto con Mellet y "de común acuerdo" para "obtener un enriquecimiento ilícito" acordaron pedir al Grupo La Raza de hostelería una comisión de 300.000 euros como condición para encomendarles la explotación de dicha escuela.
Con ese mismo espíritu de "enriquecimiento ilícito", según otra de las preguntas, Mellet y Ponce pidieron a La Raza otros 150.000 euros "con la excusa de destinar esa cantidad a la acometida eléctrica" del futuro centro de formación, pese a que de ello "no se había hablado con anterioridad, ni a su pago se había comprometido el Grupo La Raza, ni le era exigible".
Mellet y Ponce, según otra de las preguntas, plantearon esas exigencias a dos representantes de La Raza en dos entrevistas celebradas en enero de 2009 y pese a conocer "la ilegalidad de dicha pretensión".
Solo una de las preguntas se refiere a la funcionaria Regla Pereira, sobre la que el jurado deberá decidir si las comisiones ilegales se pidieron en una reunión en la que ella estaba presente "y con su conocimiento".
Finalmente, el juez Ángel Márquez pretende que el jurado declare o no como hecho probado que Mellet y Ponce dijeron a los empresarios que debían entregar el dinero "en efectivo, dejándolo en el interior de un maletín en un despacho y allí vendría alguien a recogerlo".
Otra de las preguntas se refiere a la presunta afirmación de los acusados de que "la Junta colabora con quien colabora" y la promesa de que, si accedían a pagar, "obtendrían luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los cátering que se organizaran".
Una de las preguntas responde a la línea de defensa de los acusados y enmarca la petición de dinero a una "negociación" sobre la "forma de colaboración del Grupo La Raza para la gestión de dicha escuela", según un protocolo suscrito por ese grupo empresarial tres años antes, en mayo de 2006.
Tras la presentación del objeto del veredicto el jurado ha quedado aislado y ha iniciado sus deliberaciones, que según han dicho a Efe fuentes del caso pueden prolongarse uno o dos días.
