El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha asegurado que se entregará a los juzgados toda la documentación pertinente para esclarecer lo ocurrido en torno a la ocupación presuntamente ilegal de varias viviendas protegidas pertenecientes a manos de personas ajenas al procedimiento de adjudicación de tales inmuebles, después de que el Cuerpo Nacional de Policía haya elevado a los juzgados varias denuncias promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa).
A preguntas de los periodistas, tras visitar obras en diversas calles del barrio de El Porvenir, Zoido ha subrayado que se trata de un asunto que se encuentra "judicializado", mostrando su "respeto" hacia la división de poderes, por lo que ha apostado por dejar que la Justicia actúe.
"Entregaremos a la justicia toda la documentación que obre en nuestro poder, pero hay que dejar que la Justicia actúe y que decida que es lo que hay que hacer", concluye.
En este sentido, cabe recordar que el Cuerpo Nacional de Policía ha elevado a los juzgados varias denuncias promovidas por Emvisesa, perteneciente al Consistorio hispalense, a cuenta de la ocupación presuntamente ilegal de varias viviendas protegidas pertenecientes a manos de personas ajenas al procedimiento de adjudicación de tales inmuebles.
El 9 de octubre de 2012, según la documentación recogida por Europa Press, Emvisesa elevó a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente al distrito Centro una denuncia en cuanto a la "ocupación" de una vivienda protegida propiedad de esta empresa municipal y ubicada en el número dos de la calle Andrés Martínez León.
Una mujer, según la denuncia de Emvisesa, recibió en esta vivienda a su legítimo arrendatario y le informó de que ella residía en el piso "desde agosto", tras visitar una oficina de Emvisesa ubicada en el barrio de San Jerónimo. La denuncia manifiesta que esta mujer relataba que "un varón de unos 40 años" acordó con ella el alquiler de la vivienda en cuestión y el entregó el juego de llaves y "una documentación legal", proporcionándole los números de cuenta bancaria en los que debía ingresar, por separado, 40 euros en concepto de gastos comunitarios y 50 euros por el alquiler.
Emvisesa, así, da cuenta del ingreso de 50 euros en septiembre de 2012 por el alquiler de esta vivienda en cuestión. La empresa municipal de vivienda, además, da cuenta en su denuncia del aviso de un miembro de esta promoción de viviendas protegidas en cuanto al "asalto" de varios de los inmuebles, incluido el del objeto de la denuncia, durante el mes de agosto. "Es raro que una persona que realiza la contratación de un alquiler de un piso no exija documentación para acreditar el mismo", expone Emvisesa entre sus "sospechas" sobre el testimonio de esta mujer, toda vez que el boletín de "enganche" de uno de los suministros básicos no correspondería con la identificación de la vivienda.
Esta denuncia, de cualquier modo, fue elevada a los juzgados y media otra similar en cuanto a la "ocupación" de una vivienda protegida propiedad de Emvisesa en la calle Periodista Eduardo Chinarro, donde una familia habría "cambiado la cerradura" del piso y residiría en el inmueble "desde hace un mes y medio" pese a no mediar el correspondiente procedimiento de adjudicación.
